Urbanismo desoyó hasta 30 alegaciones contra la Biblioteca del Prado

SEVILLA- Negar la mayor es la estrategia común que se adopta en toda huida hacia delante. Tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se argumenta que la construcción de un edificio en un espacio verde protegido como el Prado sólo responde a una decisión «irracional, arbitraria y carente de motivación» respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la portavoz municipal, Maribel Montaño, aseguró que el documento tuvo un plazo de alegaciones durante el cual los vecinos no habrían hecho uso de este derecho. Según los documentos presentados ante Urbanismo y que obran en los archivos municipales, se presentaron al menos 30 alegaciones, siendo aceptadas muchas en primera instancia. En julio de 2004 aparece en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación inicial del PGOU, el cual «incluye la Biblioteca y arrasa parte de la frondosa arboleda del Prado», según José Miguel González y Eduardo Martínez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Vecinos Huerta de la Salud. Las primeras alegaciones fueron contestadas de forma positiva en 2005. «Las modificaciones que presentamos son un hecho objetivo y contrastable», recordó González, subrayando que no están «en contra del proyecto, sino de su ubicación en un área protegida». En parecidos términos se expresó el Colegio de Arquitectos. La orden 2119 recogida por la Gerencia explica que se trata de una «alegación de propietaria de vivienda en calle Diego de Riaño, oponiéndose a la construcción de la Biblioteca en el Prado, por lo que supone de merma de los espacios libres». Se añade que «dadas las alegaciones que se oponen a la construcción (¿), así como otras alternativas que supondrían la rehabilitación como gran centro cultural de las edificaciones de la Plaza de España, donde podría ubicarse este uso, se decide eliminar dicha propuesta, por lo que los espacios libres del Prado no verán mermada su superficie». Y continúa: «Se asume la alegación». En la actualidad, la construcción afecta al 8% del parque y al 20% de sus árboles. Los vecinos de la Huerta de la Salud recalcan que «hubo un cambio de criterio y las últimas alegaciones fueron contestadas negativamente». La Gerencia respondió que, «en efecto, han sido numerosas las alegaciones que expresaban su oposición a la ubicación de la Biblioteca», citando «un total de 30 alegaciones». Urbanismo argumentó que «debido a estas alegaciones y antes de tomar una decisión, se estudió la posibilidad de ubicar la Biblioteca en la Plaza de España. No obstante, analizadas las dificultades que hacían inviable esta decisión, por la indefinición que se tiene del destino de dicho edificio, junto a la voluntad de la Universidad de mantenerse en el Prado, finalmente, se decidió seguir adelante con la propuesta». Además, se añade que se «pretende reactivar el uso urbano de este espacio», convirtiéndolo en un «campus abierto». Estos argumentos no han evitado que la Justicia considere que el proyecto «atenta contra la racionalidad del urbanismo». El Ayuntamiento y la Universidad han recurrido ante el Supremo por lo que consideran una «injerencia» en sus competencias y continúan con la construcción. Los vecinos esperan para exigir la paralización de las obras -ya que hay casi una decena de pleitos pendientes, entre ellos por el permiso de obra- y acudirán con los argumentos que ya ha corroborado el TSJA a la UE, por el uso de Fondos Feder. Para cuando haya una decisión política o judicial definitiva, en el futuro, gran parte del edificio estará levantado y gran cantidad de dinero público se habrá gastado. Un pretérito imperfecto marca el presente: uno de los pulmones verdes de Sevilla, irremediablemente, ya ha sido mutilado.