Inaudita confusión presupuestaria

No parece que el ruido de fondo que acompaña desde su inicio la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado sea el mejor reclamo para atraer las inversiones que España necesita para seguir creciendo. Al contrario, es inaudita la imagen de confusión que trasmite el Gobierno socialista, incapaz de mantener un discurso mínimamente creíble sobre el alcance, sea el que sea, de las cuentas del Estado para 2018. Ni siquiera la previsión de senda de gasto que se remitió a Bruselas el pasado lunes, cifrada en el 1,8 por ciento del PIB, se ha mantenido vigente 48 horas a tenor de la intervención parlamentaria del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, ayer, aseguraba al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se mantendría el déficit del 1,3 previsto en las cuentas del anterior Gobierno y aprobado por el Congreso. Item más, como hoy publica LA RAZÓN, la remisión de los PGE al Parlamento, que deben presentarse antes del final del ejercicio, podrían retrasarse hasta marzo de 2019, pero no por causa de una ajustada negociación de sus contenidos, que sería aceptable, sino para esperar una carambola jurídica, que, en forma de desimputación por la rebelión a los golpistas catalanes, permitiera sumar los votos de ERC y PDeCAT. Si ya hemos denunciado las crecientes presiones políticas que desde distintos sectores progresistas, incluso del ámbito del Derecho, están sufriendo los fiscales del Tribunal Supremo para que modifiquen la calificación de los delitos imputados a los responsables del «procés», este tipo de actuaciones no ayudan, precisamente, a mantener la necesaria imagen de independencia de la Fiscalía, además de que pueden resultar perfectamente inútiles a los efectos que busca el Gobierno, puesto que en el caso también interviene una acusación popular. Llegados a este punto, y tras escuchar las confusas explicaciones de los ministros económicos del Gabinete sobre la afección, o no, del Salario Mínimo Interprofesional en la tributación de los trabajadores autónomos, o sobre el cambio, o no, de las bases de cotización de la pequeñas empresas; tras conocer que las partidas de Sanidad y Educación se mantienen en el mismo porcentaje que en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, es decir, se congelan en el 6 y el 4 por ciento del gasto, respectivamente, y tras descubrir que la pregonada inversión social sólo responde a una política clientelista de subvenciones y subsidios, gravosa impositivamente para las empresas y las clases medias e inútil para la creación de riqueza, sería lícito preguntarse si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere de verdad presentar unos Presupuestos o, en realidad, sólo pretende ganar tiempo a la espera de una coyuntura electoral favorable, para lo que necesita dar esperanza y soltar cuerda a sus socios de la moción de censura. Sería, en cualquier caso, una estrategia partidista entendible, aunque poco honrosa, y no mucho peor que esta confusión que hace de las cuentas del Estado, que es la decisión de mayor responsabilidad que cabe a un Ejecutivo, una especie de comodín político que sirve para contentar todas las expectativas de los futuros electores. Si ya afirmamos en su momento, cuando se hizo público el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos, que estábamos ante la propuesta de un «PER» a escala nacional con meras pretensiones electoralistas, transcurridas escasas fechas debemos reafirmarnos. Porque no es posible elaborar unos PGE que tengan en cuenta los intereses generales de los ciudadanos en estas condiciones de minoría parlamentaria, sobre todo, cuando los presuntos socios tienen sus propias agendas políticas que, como constatará sin duda Pablo Iglesias en sus reuniones carcelarias, poco tienen que ver con el futuro económico y social de España.