El chantaje de Erdogan con el problema migratorio coge a la UE con el pie cambiado

Bruselas prima el blindaje de fronteras con Turquía como modo de no repetir la crisis de refugiados de 2015

«No podemos fracasar dos veces», advertía esta semana el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, encargado de las competencias de Inmigración. La oleada de demandantes de asilo sirios en el año 2015 pesa como una losa sobre las cancillerías europeas, conscientes de que supuso un antes y un después y una de las mayores crisis del club comunitario en sus 60 años de historia . Desde entonces, nada ha sido igual. Las heridas siguen supurando, sobre todo, si se vuelven a reabrir. «Esta crisis ha tenido un efecto muy disolvente. No sabéis qué cosas hay que oír a veces y qué gente tenemos ahí», reconocía un alto cargo comunitario a un grupo de periodistas sobre el nivel de las discusiones a puerta cerrada.

El chantaje de Recep Tayyip Erdogan pilla a la UE con el pie cambiado. La Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker fracasó de manera estrepitosa al seguir el mandato de Alemania y promover un sistema de reparto refugiados a través de cuotas obligatorias. En 2015, los países europeos pactaron un mecanismo basado en este principio con un carácter temporal y con el objetivo de auxiliar a los migrantes varados en Italia y Grecia.

Los países de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), tras cerrar a cal y canto sus fronteras, boicotearon e incumplieron este sistema de manera contumaz, el resto de las capitales lo aceptaron a regañadientes y se negaron a que pudiera convertirse en el modus operandi habitual ante otras eventuales oleadas migratoria.

Desde entonces, las cancillerías europeas no han sido capaces de pactar una alternativa al sistema de asilo vigente y el órdago de Erdogan llega con los deberes sin hacer. Hay consenso en el que protocolo de Dublín no funciona –por el que los países de entrada deben tramitar las demandas de asilo e impedir que los migrantes puedan acceder a otro país europeo– pero nadie sabe cómo repararlo.

Este episodio consiguió dar alas a los populismos de los países europeos –también en la propia Alemania, con el ascenso de la ultraderecha AFD– y supuso una importante quiebra del liderazgo de la canciller Angela Merkel en el club comunitario, tras haber manejado con mano de hierro el devenir de los socios en los peores años de la crisis de deuda.

Tan solo el pacto con Turquía en 2016 por que el que Ankara se convertía de facto en el guardacostas europeo, a cambio de 6.000 millones de euros, consiguió que las aguas volvieran a su cauce y que las llegadas bajaran de manera meteórica. La máxima ahora es evitar, por todos los medios, que la situación de 2015 vuelva a repetirse. Los demandantes de asilo no pueden volver a pisar suelo europeo porque simplemente, si esto vuelve a suceder, nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. «Grecia es nuestro escudo», proclamó la presidenta del ejecutivo comunitario Úrsula von der Leyen esta semana, tras visitar la frontera greco-turca, en lo que parece un nuevo grito de guerra.

Bruselas ha movilizado 700 millones de euros y 100 guardacostas fronterizos adicionales con el objetivo de sellar la frontera griega. Es la única prioridad clara. Ante las informaciones que llegan sobre el trato brutal que estarían sufriendo los demandantes de refugio por parte de las fuerzas de seguridad griegas y la cuestionable legalidad de la suspensión de las demandas de asilo durante un mes por parte de Atenas, las instituciones comunitarias prefieren pasar de puntillas.

Incluso en el flanco de la protección de fronteras –el único ámbito en el que parece haber consenso entre las capitales–, las tareas tampoco están completamente hechas. Los países europeos han pactado que la guardia fronteriza europea cuente con un cuerpo propio (no dependiente de las contribuciones de los Estados) de 5.000 guardias en 2021 y que esta cifra aumente hasta los 10.000 en 2027. Por el momento, los refuerzos siguen recayendo en las capitales y la financiación de esta guardia costera europea está enmarcada dentro de las tensas negociaciones del nuevo marco presupuestario 2021-27, por lo que su ambición podrían verse mermada.

Tras tomar posesión de su cargo el 1 de diciembre, el ejecutivo comunitario emprendió una gira por las capitales con el objetivo de presentar en los próximos meses una nueva propuesta sobre la reforma del sistema de asilo, que el pulso de Turquía parece más urgente que nunca. Las posturas de las capitales permanecen prácticamente invariables tras cinco años de crisis a tenor de las filtraciones provenientes de las cancillerías.

Según vaticina el «think tank» European Policy Centre en su análisis sobre los últimos acontecimientos, «a la luz de de los contrastes agudos entre las preferencias nacionales, la Comisión puede no ser capaz de poner en marcha una agenda ambiciosa y progresista, después de todo. De hecho, existe el peligro de que la Comisión necesite aminorar su espíritu reformista y centrarse tan sólo en las políticas menos controvertidas y más restrictivas».

Bruselas ha dado pocas pistas sobre qué tiene en mente como manera de superar la brecha entre las capitales, pero lo que está claro que el ejecutivo Von der Leyen se enfrenta a una de las pruebas de fuego de su mandato cuando apenas cumple sus primeros cien días.