Así es la reforma constitucional que quiere Renzi en Italia

Estos son los aspectos clave de la reforma constitucional del Gobierno del primer ministro italiano, Matteo Renzi, aprobada por el Parlamento el pasado 12 de abril y sometida a referéndum el próximo 4 de diciembre.

Los aspectos clave de la reforma constitucional del Gobierno del primer ministro italiano, Matteo Renzi, aprobada por el Parlamento el pasado 12 de abril y sometida a referéndum el próximo 4 de diciembre, son los siguientes:

► Supresión del “bicameralismo perfecto”: La reforma de la Constitución italiana de Renzi acaba con el conocido como “bicameralismo perfecto”, que asigna las mismas competencias a la Cámara de los Diputados y al Senado.

La reforma no elimina el Senado, sino que lo convierte en un órgano de representación territorial excluido del proceso legislativo.

El objetivo es garantizar la gobernabilidad de Italia, que ha tenido 63 gobiernos en sus 70 años de democracia debido a que muchos Ejecutivos han caído al perder una moción en una de las cámaras.

► Un proceso legislativo más breve: La modificación del Senado está dirigida a abreviar el proceso legislativo, ya que la aprobación de las leyes solo dependería de la Cámara de los Diputados y no de las dos cámaras como hasta ahora.

► Funciones del nuevo Senado: El nuevo Senado representaría a las instituciones territoriales y realizaría una labor de nexo entre el Estado y las regiones o la Unión Europea.

Consistiría en un órgano consultivo que podría proponer reformas o enmiendas a los proyectos de ley que la Cámara de los Diputados comience a estudiar.

El nuevo Senado estaría llamado a votar en contadas ocasiones, como en el caso de futuras reformas de la Constitución, leyes que afecten a los entes locales o a las minorías lingüísticas o para ratificar tratados internacionales.

► Reducción del número de senadores: Sus miembros pasarían de los 315 actuales a un máximo de cien.

De ellos, 95 serían representantes locales -74 elegidos por los Consejos Regionales y 21 por los alcaldes- y el presidente de la República podría nombrar un máximo de cinco por un mandato de siete años.

Los senadores mantendrían su escaño hasta que venza el mandato del gobierno local por el que han sido elegidos, lo que haría que el Senado modificase su composición conforme se vayan celebrando elecciones en el país.

► Estatus de los nuevos senadores: No percibirían sueldo alguno por ser senadores pero sí contarían con prerrogativas como la inmunidad parlamentaria. Desaparecerían los senadores vitalicios, antes nombrados por el presidente de la República entre personalidades de alto relieve.

► Reforma del capítulo V de la Constitución: El capítulo V de la Constitución regula la relación entre el Estado y las administraciones locales y regionales.

La reforma devuelve al Estado una veintena de competencias antes desempeñadas por dichas administraciones, como las cuestiones energéticas, infraestructuras estratégicas, políticas laborales, el sistema de Protección Civil o la gestión de puertos y aeropuertos.

El objetivo principal de la reforma del título V es evitar duplicidades y aclarar las competencias de cada nivel administrativo, después de décadas de contenciosos entre el Estado y las regiones ante el Tribunal Constitucional.

Establece la conocida como “cláusula de supremacía”, que permite a Cámara de los Diputados aprobar leyes en materias gestionadas por las administraciones locales “cuando así lo precise la protección de la unidad jurídica y económica de la República”.

► Eliminación de las provincias: El título V en su versión actual divide Italia en cuatro administraciones: municipios, provincias, ciudades metropolitanas y regiones.

La reforma suprime las provincias, cuyas funciones se han visto notablemente mermadas en los últimos años.

► Supresión del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL): La reforma suprime el CNEL, un organismo consultivo compuesto por sesenta y cuatro expertos y representantes del ámbito laboral y productivo.

Este ente es poco conocido en Italia y su mantenimiento cuesta alrededor de veinte millones de euros anuales al erario público.

► Mecanismos para una democracia directa: La reforma introduce como novedad el “referéndum propositivo”, con el que los ciudadanos podrán proponer una ley si recogen 150.000 firmas.

Antes solo podían reclamar una consulta para derogar total o parcialmente una ley y para ello debían recabar 50.000 firmas.