Bélgica desbloquea el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá

Las autoridades belgas llegaron hoy a un consenso sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá, el llamado CETA, que bloqueaba la región francófona de Valonia

Poco después de que la cumbre prevista para ayer entre los Veintiocho y Canadá fuera aplazada definitivamente, los negociadores belgas llegaron a un acuerdo ya sin la presión de ninguna espada de Damocles. Pocas cosas definen tan bien la idiosincrasia de un Estado federal fuertemente descentralizado como su complejo sistema de toma de decisiones, que ha traído de cabeza a las autoridades comunitarias durante esta última semana. Ya por la tarde, el texto acordado en Bélgica fue ratificado por los embajadores de los Veintiocho para que sea presentado en la jornada de hoy a los respectivos parlamentos regionales belgas.

Sólo entonces, el presidente permanente del Consejo, Donald Tusk, se pondrá en contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para fijar una nueva cita al máximo nivel en la capital comunitaria y firmar el acuerdo de libre comercio e inversiones con Canadá (CETA). Tras la jornada maratoniana de reuniones de carácter tanto técnico como político del miércoles, ayer la fumata blanca llegó tras sólo dos horas de reunión. En el texto remitido a las capitales europeas y desvelado por los medios locales, Bélgica muestra sus intenciones de pedir al Tribunal de Justicia Europeo su veredicto sobre la compatibilidad de las leyes comunitarias con los tribunales de arbitraje para dirimir conflictos entre multinacionales y Estados; exige poder activar una cláusula de salvaguarda en caso de detectar desequilibrios derivados de la apertura del mercado en productos agrícolas, y también, pide poder examinar los efectos de la ratificación provisional del acuerdo con Canadá de manera regular, con el propósito de que las regiones puedan –a través del Gobierno federal– impedir la ratificación definitiva del pacto comercial, cuya entrada en vigor será temporal.

De esta manera, Bélgica intenta conseguir que quede negro sobre blanco una interpretación jurídica vinculante del tratado que no suponga en su puesta en marcha un menoscabo de los estándares medioambientales, agrícolas y de derecho de los trabajadores europeos. Una posible amenaza que, por otra parte, los muñidores del acuerdo con Canadá niegan a pesar de que se han sentado a negociar esta interpretación jurídica para que no haya dudas.

La primera reacción del Gobierno canadiense fue la del ministro de Exteriores, Stéphane Dion, quien se mostró «moderadamente optimista» tras el acuerdo cerrado entre el Gobierno central belga y las regiones. Aun así, Dion no quiso lanzar las campanas al vuelo y, durante una reunión en París, admitió su cautela. «Si se convierten en realidad, son unas noticias excelentes», ha afirmado. No obstante, insistió en que su Gobierno espera que finalmente los Gobiernos europeos puedan cerrar el acuerdo y aseveró que «Canadá está lista para firmar» el CETA. El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, también reiteró en el mismo foro que su país está «a favor».

Reivindicaciones justas o injustas aparte, la Prensa europea ha dirigido estos días su mirada a una pequeña región europea de 3,5 millones de habitantes capaz de poner en jaque un acuerdo que afecta a más de 500 millones de europeos. Las razones de tanta oposición a un acuerdo comercial que hasta ahora no contaba con apenas detractores se explica, en parte, por el declive sufrido en la región. Valonia (parte francófona al sur del país) ha vivido inmersa en las últimas décadas en un proceso de decadencia inversamente proporcional a la suerte de sus vecinos flamencos. Una de las zonas más florecientes de Europa durante el pasado siglo ha tenido que enfrentarse al cierre de sus minas, la deslocalización de su potente siderurgia, la clausura de sus altos hornos y la herida mortal de la crisis del petróleo de 1973. Todo ello aderezado con continuas reformas del Estado federal desde los años 80 del pasado siglo que han acabado dando cada vez más competencias a las regiones, un proceso azuzado por un orgulloso nacionalismo flamenco que ve a sus compatriotas como un lastre.

En medio de los fantasmas del antiguo esplendor y el orgullo herido, la decisión de la multinacional estadounidense Caterpillar de cerrar su planta de Gosselies, donde trabajaban 2.200 personas, ha supuesto un mazazo en un territorio gobernado por los socialistas, pero en el que el Partido del Trabajo, de corte marxista y más radical en sus planteamientos, está ganando terreno.

Defensores y detractores no se ponen de acuerdo. Unos señalan que esta firme oposición al CETA es sólo un artimaña ante el último varapalo asestado a los socialistas francófonos tras la huida de Caterpillar. Los bienintencionados aseguran que las reticencias al tratado datan de hace un año, aunque Bruselas no quisiera oírlas.