Bélgica traslada a la UE su «no» al pacto con Canadá

El rechazo rotundo de la región de Valonia deja en el aire la firma del acuerdo de libre comercio (CETA)

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá queda en aire por ahora. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aún confía en que el jueves se pueda rubricar este acuerdo, conocido como CETA por sus siglas en inglés. A pesar de las negociaciones de este fin de semana, el primer ministro belga, Charles Michel, aseguró ayer que el bloqueo por parte del Parlamento valón continúa vigente y se puso en contacto con Tusk, responsable de convocar y desconvocar las cumbres. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya había anunciado que cancelaría su vuelo a la capital comunitaria en caso de que no se le garantizase la firma del acuerdo.

Pese a lo malos augurios, la Comisión Europea ha mostrado su voluntad de seguir peleando por este acuerdo. Las dificultades para sacar adelante este pacto suponen un nuevo varapalo a la credibilidad internacional de la UE y una seria advertencia sobre lo que puede suceder con el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés), cuyas negociaciones continúan a trompicones a pesar de que se da por supuesto que no habrá acuerdo definitivo antes del abandono de Barack Obama del Despacho Oval, tal y como estaba previsto.

El pasado viernes, la ministra de Comercio canadiense, Crystia Freeland, anunció entre lágrimas su vuelta a Toronto ante la imposibilidad de conseguir la fumata blanca tras horas de negociaciones en el Parlamento valón y dejó la última palabra a la parte europea. Se ha seguido pactando una interpretación jurídica vinculante que deje claro la pervivencia de los estándares europeos en áreas como la salud, los derechos de los trabajadores y el respeto al medioambiente. Aunque la política comercial es una competencia exclusiva de Bruselas, las presiones de Berlín hicieron posible este pasado verano que se decidiera proceder a la ratificación nacional de este acuerdo. El sistema federal belga, fuertemente descentralizado, ha permitido que una pequeña región europea en serio declive económico y que tan sólo cuenta con 3,5 millones de habitantes esté resistiendo de manera numantina un acuerdo que considera una amenaza, a pesar de los intentos de Bruselas y del propio Gobierno federal belga de demostrar lo contrario.

Durante los últimas días, las diferencias parecen haberse centrado en los tribunales creados «ad hoc» en el caso de disputas entre multinacionales que quieren invertir en un territorio y los Estados, después de haberse registrado avances en el apartado agrícola. «Nuestra posición no ha cambiado», anunció ayer el presidente de Valonia, Paul Magnette, que, sin embargo, calificaba su ánimo como «constructivo». Se han sucedido las presiones de diferente signo. El propio líder de los socialistas en la Eurocámara, Gianni Pitella, apelaba mediante un comunicado a la firma del tratado en un movimiento dirigido a los socialistas francófonos, responsables del bloqueo. Valonia sigue pidiendo tiempo, aunque el Gobierno federal está perdiendo la paciencia. «No entiendo por qué esperamos los quince últimos días para descubrir el problema», aseguró ayer el ministro del Interior, Jan Jambon, en referencia a los siete años de negociaciones previos.