La UE propone un plan para echar a un millón de sin papeles

La Comisión Europea exige también más esfuerzos a los estados para acoger a los demandantes de asilo que llegan a Grecia e Italia.

El ejecutivo comunitario observa con preocupación el bajo porcentaje de inmigrantes irregulares que son repatriados a sus países de origen. Por eso, ayer instó a los países europeos a agotar los plazos dentro de las leyes comunitarias en el periodo de retención, mientras se tramita la correspondiente orden de retorno que debe ser dictada por un juez. Actualmente, las leyes europeas permiten un máximo de 18 meses, pero los Estados europeos han adaptado en sus respectivas legislaciones europeas esta directiva de desigual manera. España se encuentra entre los países con unos límites más estrictos a este periodo y actualmente un inmigrante irregular tan sólo puede permanecer 60 días retenido en centros específicos. «En algunos países, el plazo máximo en la legislación nacional es mucho más corto No es bastante para completar con éxito el proceso de repatriación. Deben usar la flexibilidad permitida», recalcó ayer el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos.

Según los cifras ofrecidas ayer por la Comisión Europea, el número de inmigrantes que en el año 2015 recibieron una orden de expulsión fue de 533.395 comparado con los 470.000 de 2014. El cómputo de los años 2016 y 2017 arroja 2,6 millones de solicitudes de asilo recibidas, de las que durante los tres primeros trimestres del año 2016 fueron admitidas a trámite en primera instancia el 57%. Según las estimaciones provisionales de Bruselas, habría por lo tanto en la Unión Europea aproximadamente un millón de inmigrantes irregulares que deben ser expulsados. Las cifras han empeorado sustancialmente en los últimos años pese a que la UE está negociando con los países de origen acuerdos bilaterales de retorno. Uno de los mayores obstáculos para que estas expulsiones puedan llevarse a cabo reside precisamente en las reticencias de estos Estados. Durante el año 2014 el porcentaje de devoluciones fue del 36,6% y del 36,4% en 2015. Si se excluyen los países de los Balcanes, esta cifra desciende hasta el 27%. La Comisión Europea está intentando alcanzar pactos con con Nigeria, Túnez y Jordania y retomar las negociaciones con Marruecos y Argelia; dedicará 200 millones este año a acelerar las repatriaciones.

Bruselas no aboga por un cambio legislativo en la directiva de retorno, pero sí recuerda a los estados europeos que en determinados casos es necesario utilizar todos los resortes legales para evitar que estas personas puedan escaparse durante el periodo que están detenidos en centros específicos o puedan incurrir en abusos. Un proceso de máxima sensibilidad política, ya que en el caso español la estancia ilegal en un país es considerada tan sólo una falta administrativa, aunque hay países europeos que lo tipifican como delito perseguido por el código penal.

Durante su tramitación en el año 2008, este directiva fue objeto de un agrio debate político ya que las organizaciones humanitarias criticaron duramente el texto al considerar el periodo de retención excesivamente elevado. Bruselas justificó esta nueva legislación, puesta en marcha antes de la crisis de refugiados, por la necesidad de introducir algún límite temporal en siete estados miembros cuya legislación al respecto permitía casi una detención perpetua.

Ayer, Amnistía Internacional denunció en un comunicado que la detención de los migrantes ilegales debe ser «la última opción» y acusaba a la UE de «hipocresía» al querer distanciarse del mensaje antimigratorio de Donald Trump mientras propugna una aceleración de las deportaciones.

La Comisión Europea también presentó ayer su informe mensual sobre el ritmo al que los estados miembro están cumpliendo sus compromisos de acoger a 160.000 refugiados en su territorio, llegados a Italia y Grecia. Aunque actualmente los socios europeos tan sólo han cumplido aproximadamente 14% de su objetivo, Bruselas esperará hasta septiembre de este mismo año para imponer sanciones a los países incumplidores. A pesar esto, Avramopoulos ha enviado una carta a los ministros de Interior para recordarles sus compromisos.

En total, los Estados miembro han recibido en su territorio a 13.546 demandantes, de los que 9.610 han sido realojadas desde Grecia mientras que 3.936 lo han hecho desde Italia. Francia (2.758), Alemania (2.626) y Países Bajos (1.486) son los países a la cabeza en su ritmo de acogida. España ha recibido a 851 personas, en su mayoría procedentes de Grecia (707). La Comisión Europea afea a nuestro país el que no esté enviando al ejecutivo comunitario informes mensuales sobre el ritmo de acogida.