Bruselas se blindará con una ley frente al espionaje

La Unión Europea comienza a reaccionar, legislativamente hablando, al escándalo del espionaje de Estados Unidos a sus socios comunitarios. La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo acaba de aprobar un proyecto de ley que incrementa la protección de los datos «on line» y establece multas de hasta el 5% de la facturación anual mundial o 100 millones de euros a compañías como Yahoo!, Google o Facebook si vuelven a entregar información a terceros.

El Parlamento Europeo lleva meses haciendo bandera de este asunto y ha presentado 4.000 enmiendas al primer borrador presentado por la Comisión, que proponía sanciones muy inferiores, de un millón de euros o el 2% de la facturación. Las últimas revelaciones sobre el espionaje de EE UU han alentado a los eurodiputados a poner coto a estas prácticas. Los eurodiputados quieren dejar claro quién está defendiendo los intereses de los ciudadanos. De ser aprobada finalmente, la nueva ley sustituirá a la de 1995, que ya ha quedado desfasada por el avance de las tecnologías y el generalizado uso de Internet.

Según el nuevo texto, si una potencia extranjera solicita a una compañía el acceso a datos personales o a las comunicaciones de ciudadanos en la Unión Europea, sólo podrá ser entregada la información tras una autorización previa del supervisor nacional de protección de datos. En todo caso, la persona afectada tendrá que ser informada.

El Parlamento Europeo espera que la nueva normativa reciba el apoyo claro y rotundo de la próxima cumbre de líderes en Bruselas, que se celebra mañana y el viernes, para que pueda ser aprobada antes de las elecciones europeas de mayo de 2014.

Precisamente, el presidente francés, François Hollande, anunció ayer que sacará el tema ante sus homólogos, pues desea que sus aliados tomen cartas en el asunto, después de conocer esta semana por la Prensa el espionaje masivo practicado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) a objetivos en Francia. «Es a la vez una cuestión nacional y europea», dijo el mandatario galo.

La nueva normativa incluye una especie de «derecho al olvido» en la nube, es decir, a la supresión de información personal en internet, un punto contra el que han hecho fuerte presión redes sociales como Facebook, que alegan la imposibilidad técnica de borrar todos los datos cedidos previamente a servidores de internet.

Por ello, se habla ahora de «derecho al borrado», por el cual cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos si así lo reclama. Para reforzar este derecho «on line», si una persona pide a una empresa como Facebook que borre sus datos, la compañía deberá remitir la petición a otros sitios donde esta información se haya replicado. Asimismo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de defenderse de forma eficaz contra el uso de «cookies» para que sus búsquedas sean utilizadas para establecer un perfil de usuario, de modo que se permitiría el uso de internet de manera anónima o bajo pseudónimo.

«Esta votación es un momento muy importante para la democracia europea», ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, principal promotora de la reforma. «Envía una señal clara: a partir de hoy, la protección de datos está hecha en Europa», resaltó.

Desde ahora, la pelota está en manos de los Gobiernos –que tienen que aprobar la norma–, y del pleno de la Eurocámara. Sin duda, se avecinan tiempos de «lobby» para la industria de internet, pues el coste económico y burocrático de las obligaciones para las compañías fijadas en la nueva normativa es elevado. En especial, critican la idea de que las grandes empresas tengan una nueva figura de supervisión de datos, un tema que también es el principal motivo de oposición de algunos socios europeos a la hora de respaldar la propuesta.

De todos los países espiados por la NSA, Brasil ha sido el que ha reaccionado de una forma más rotunda al amenazar con llevar este asunto a la ONU. Asimismo, ha anunciado una batería de medidas para que los metadatos sean almacenados localmente para aumentar la protección de las comunicaciones de los brasileños, una medida que obligaría a Facebook y Google a instalar sus servidores en Brasil.