Casi 13.000 españoles en vilo

La canciller Angela Merkel aseguró hace poco menos de un mes que Alemania debe mostrarse «humana» con aquellos que llegan al país y que «la sociedad debe ver la inmigración como una oportunidad para aquellos que vienen y también para los que ya están aquí». En la práctica la realidad devuelve otra cara, o así se entiende a la vista del veredicto dado a conocer ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) o de los últimos pasos que, en materia de inmigración, ha dado el Ejecutivo germano. «El que no encuentre trabajo tiene que irse» se escucha ahora más alto que nunca entre las filas del Gobierno alemán. Una máxima que se asienta fuerte entre la satisfacción que mostraron ayer algunos ministros tras conocer la sentencia de este tribunal y que permitirá negar las ayudas a aquellos ciudadanos comunitarios que no trabajen ni busquen empleo. «La libre circulación de ciudadanos es un bien y simboliza los principios de la UE. Sin embargo, con la sentencia queda establecido que los ciudadanos comunitarios deben, en principio, poder ganarse su subsistencia», apuntó en un comunicado el Ministerio alemán de Trabajo.

Un paso más para la puesta en marcha del paquete legislativo en el que trabaja Berlín y con el que se quiere impedir que los inmigrantes de la UE «abusen» de su sistema social, así como limitar a seis meses la estancia de quienes llegan al país a buscar empleo y no tienen expectativas de encontrarlo. Alemania está a favor de dar una oportunidad al que llega (unos 600.000 extranjeros al año), pero siempre y cuando se compense con una actividad laboral que, en conjunto, permita al Gobierno poner fin al tan repudiado «turismo social» o a la ya denominada «inmigración de la pobreza».

En el punto de mira, principalmente, los ciudadanos procedentes de países como Bulgaria o Rumania, cuyo porcentaje ha aumentado considerablemente desde principios de este año y, sobre todo, la prestación social alemana conocida como «Hartz IV». Una ayuda que concede el Gobierno a los parados o a aquellos que no pueden llegar a un mínimo con su sueldo y que consta del pago del alquiler, una ayuda de alrededor de 400 euros para la manutención y, en caso de tener hijos, una ayuda de 185 euros por cada uno. Según la última estadística, un total de 4,3 millones de personas reciben esta ayuda. Unas cifras ingentes para las arcas alemanas y que ahora podrían acotar con este visto bueno por parte de Bruselas, lo que podría afectar asimismo a los casi 13.000 españoles que, según datos de la Oficina Federal de Empleo, perciben esa ayuda estatal en la actualidad. La decisión de los jueces de Luxemburgo captó asimismo la atención de otros países de la UE como Dinamarca, Bélgica o Francia, donde está creciendo el resentimiento hacia ese «turismo del bienestar», y especialmente en Reino Unido, donde David Cameron quiere limitar la llegada de los inmigrantes comunitarios.