La oposición a Macron eleva el «caso Benalla» a cuestión de Estado

Benalla, de 26 años, y hasta ahora adjunto al gabinete de Macron responsable de los temas de seguridad, ha sido implicado por la disolución de una manifestación el 1 de mayo

La Justicia francesa se ha hecho cargo del «caso Benalla» imputando a los cinco implicados en el escándalo provocado por el ex guardaespaldas de confianza del presidente Emmanuel Macron que golpeó a manifestantes durante la disolución de una protesta el 1 de mayo en París. El suceso, que la oposición ha elevado a la categoría de Estado, ha fagocitado la vida política francesa, hasta el punto de que la actividad parlamentaria ha quedado paralizada a la espera de la comisión de investigación que comienza hoy con la comparecencia del ministro del Interior, Gérard Collomb. El silencio de Macron ha brindado a la oposición una tribuna para lanzar sus críticas ante un asunto que tiene al país pendiente de respuestas. Mientras unos aseguran que el presidente trataba –de la mano de Alexandre Benalla, su inseparable responsable de seguridad, tanto en el Elíseo como en sus actividades privadas– de crear una policía paralela, el Elíseo ha dejado entrever que se trata de un simple suceso, una extralimitación de un hombre muy cercano al presidente. Las primeras explicaciones tendrá que darlas Collomb, de quien se sabe que conoció los hechos de forma inmediata y que sólo ordenó una investigación interna cuando el pasado miércoles fueron revelados por el diario «Le Monde».

Tampoco acudió a la Justicia, que comenzó a actuar el pasado viernes con el arresto de Benalla y de Vincent Crase, responsable de seguridad del partido de Macron, presente también el 1 de mayo en el lugar de los hechos, según las filmaciones. Tras dos días de interrogatorios, la Fiscalía decidió abrir una investigación por los actos violentos cometidos por Benalla y Crase, pero también por portar armas y diferentes efectos policiales como un casco antidisturbios, un brazalete y una radio.

Al caso se añadió una nueva derivada después de que Benalla tratara de recuperar las imágenes de las cámaras de vigilancia de la ciudad de París para apuntalar su línea de defensa. Tres oficiales de elevado rango que se las dieron también fueron arrestados y están siendo imputados por desvío de esas grabaciones y por violación del secreto profesional. Aunque los cinco implicados fueron dejados en libertad, el juez les impuso medidas cautelares.