Detrás del sangriento motín en Brasil: falta de agentes, guerra de bandas y hacinamiento

Las autoridades juntaron a miembros de dos grupos mafiosos, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, en la misma prisión

El ataque que ayer dejó 57 muertos, 16 de ellos decapitadas, durante una rebelión y enfrentamiento de bandas criminales que duró unas cinco horas en una cárcel de la ciudad de Altamira, estado de Pará, en el norte amazónico de Brasil, puso nuevamente en relieve la crisis por la superpoblación carcelaria, la presencia de bandas criminales en los presidios, desde donde controlan los capos presos el tráfico de armas y drogas y la escasa presencia policial en estos “infiernos de cemento y rejas”.

Un día después de la masacre se van conociendo más detalles de la “barbarie”, pero también de la “vergüenza” nacional de un gobierno que antagónicamente mantiene a sus presos hacinados, en condiciones infrahumanas. Y que junta a bandas sanguinarias dispuestas a acuchillarse por cualquier negocio de los siguen dirigiendo desde el penal. A veces pareciera que buscan “la tragedia”.

Altamira figura en el puesto 6 del ranking de las ciudades más violentas de Brasil. En ese municipio del norte brasileño, el índice de homicidios es cuatro veces superior a la media del país. Allí, como en el resto del territorio, dos grandes mafias del narcotráfico están en disputa: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC).

Ambos grupos controlan el ingreso, la distribución y el envío al exterior de la cocaína. Es ese lugar de dominación lo que les permite “dirigir” la vida en las prisiones: allí se ocupan ante todo de preservar a sus líderes, de dar sostén económico a sus familias y de liquidar a quiénes se opongan a sus designios y proyectos.

Lo que ocurrió este lunes en el Centro de Recuperación Regional de Altamira (estado provincial de Pará) es una nueva confrontación entre ambas organizaciones. La mayoría murió por asfixia por el humo que provocó el incendio de celdas superpobladas. Pero 16 de ellos se toparon con un destino más cruel: fueron decapitados por sus rivales –algo que no es inusual en las prisiones brasileñas-.

Según testimonios de vídeo, hubo incluso un preso que llegó a “patear una cabeza degollada” como si se tratara de un balón de fútbol. En ese nivel de salvajismo se encuentran los detenidos en Altamira, donde 309 personas convivían hasta ahora en pabellones con capacidad par albergar 208. Y en donde apenas había 20 funcionarios de prisiones mal pagados, corruptos y violentos.

Incluso el flamante ministro de Seguridad, Sergio Moro, -quien hasta ahora ha decepcionado con sus medidas inconclusas- planea declarar la emergencia penitenciaria y ha ofrecido presidios de máxima seguridad federales para trasladar a los considerados jefes de la banda homicida. “Parches” que no apagaran “el incendio” continuo que arde en las cárceles de Brasil.