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Los indígenas de Ecuador doblegan al presidente Lenín Moreno

El presidente del país se ve obligado a pactar un nuevo decreto después de doce días de movilizaciones por la retirada de los subsidios públicos al combustible

El presidente del país se ve obligado a pactar un nuevo decreto después de doce días de movilizaciones por la retirada de los subsidios públicos al combustible

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El histórico movimiento indígena de Ecuador demostró la influencia, alcance y capacidad de movilización que tiene para poner en jaque a un país entero. Este lunes, tras 12 días de protestas, en los cuales más de la cuarta parte del país sudamericano estuvo paralizado, consiguieron un acuerdo: el régimen del presidente Lenín Moreno decidió derogar el decreto 883 que, entre otras medidas, retiraba el subsidio a los combustibles, lo que provocó un aumento de hasta el 123% en el diésel.

«Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!», dijo el mandatario. Ese fue el resultado del diálogo que auspició la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con la venia del Vaticano.

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Fue una reunión de casi cuatro horas en las afueras de Quito, en un lugar no revelado hasta donde fue trasladada la prensa en helicóptero, para evitar un posible boicot o actos vandálicos, como los que se han registrado en la última semana: quema de edificios públicos, ataques a sedes de medios de comunicación, saqueos y destrozos del patrimonio de la ciudad.

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Pasadas las 21:45 locales (siete horas más en España), Arnauld Peral, coordinador representante de la ONU para Ecuador, leyó un documento: “Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual se instalará una comisión que elaborará uno nuevo. Esa comisión estará integrada por las organizaciones movimiento indígena, participantes en este diálogo y el Gobierno, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”.

Así, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lideró la movilización (creada en 1986 y con presencia en 16 de las 24 provincias ecuatorianas), aceptó suspender la paralización y la marcha indígena. La primera parte de los diálogos, en los que participaron nueve representantes de los indígenas y cinco del Ejecutivo, fue transmitida en directo por todos los canales de televisión.

En las intervenciones de los indígenas se evidenció que no cedieron en sus posturas: su discurso fue homogéneo; primero pedían la derogación de las medidas económicas plasmadas en el 883. El Gobierno mantuvo, entonces, una postura tibia y esquiva. Luego se anunció un receso. Este duró casi dos horas. Fue el momento en el que se cocinó el acuerdo. Esa parte no fue transmitida. Lo siguiente que supo Ecuador fue el anuncio del representante de la ONU.

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Jaime Vargas, presidente de la Conaie, agradeció a Moreno su trabajo. “Creo que ha sido importante este acercamiento, nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos, quisiéramos también de corazón, decir que los pueblos y nacionalidades que nos hemos levantado en defensa de nuestros derechos, decir que sí, reconocemos la valentía de nuestros hombres y mujeres que salimos a las calles”.


En el ágora de la Casa de la Cultura, centro de Quito, centenares de miles de indígenas seguían los detalles en pantallas gigantes. Aplaudieron entonces el acuerdo y comenzaron a preparar el retorno hacia sus hogares, sobre todo en la sierra centro y norte del país.

El representante de la Conaie acotó que quieren que la Constitución se respete. Además, exigió la renuncia de los ministros del Interior, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Tenemos más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, diez hermanos asesinados. Pedimos, en nombre de los pueblos y nacionalidades, la renuncia de los ministros. Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y tendremos la oportunidad de seguir dialogando y conversando”.

El primer mandatario puso sobre la mesa la intención de elaborar otro decreto que tome en cuenta las conclusiones que salgan de ese grupo de expertos reunido en Quito. “El objetivo es que los temas y las condiciones que se traten se conviertan acuerdos que permitan canalizar los recursos hacia quienes más lo necesitan”.

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Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Moreno, aseguró que ceder no es perder, y que se quedarán elaborando el nuevo decreto. “De aquí nos levantamos con un nuevo documento”. Roldán consideró que es necesario enfrentar a los contrabandistas y también de que se castigue con todo el rigor de la ley a los atracadores, saqueadores y vándalos que han tenido en zozobra al país, particularmente a Quito, foco de las protestas.


La palabra que más se ha mencionado es la paz. El presidente agradeció a los militares y policías y a todos quienes han participado en el proceso. Con relación a los pedidos extras, dijo que se considerarán, pero recordó que es una decisión exclusivamente de él.

Durante el diálogo, el titular de la Conaie solicitó que se respete el ordenamiento jurídico vigente y pidió que antes de que el Gobierno envíe a la Asamblea las reformas económicas anunciadas, remita a la Corte Constitucional la propuesta para que realice el respectivo control constitucional de las medidas.

En los doce días de revueltas murieron entre 5 y 7 personas y más de un millar resultaron heridas, según distintas fuentes. Los daños no han sido cuantificados, pero los destrozos en Quito son masivos, sobre todo en el centro, y la pérdida de ingresos por falta de productividad se miden en decenas de millones de dólares.

El levantamiento popular comenzó a raíz de un decreto con el que el presidente, Lenín Moreno, buscaba incrementar los ingresos del Estado frente a unas demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras entidades para conceder al país una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.