EE UU mantiene a 700 niños separados de sus familias

Vence el plazo de entrega impuesto por una jueza para reunir a las familias separadas en la frontera y la Administración alega que no cumplen los requisitos. Muchos de los padres ya han sido expulsados.

- Uno de cada tres menores separados de sus padres por las autoridades estadunidenses en la frontera sigue sin poder reunirse con sus familiares. Más de 2.500 niños debían ser entregados a sus progenitores, según la orden judicial dada a la Administración Trump. El plazo de entrega de estos menores, solicitado por una jueza de Sean Diego, acaba de vencer y se calcula que un total de 1.442 familias se han podido reunificar y otras 378 fueron liberadas por el Gobierno. Sin embargo, todavía 711 menores continúan bajo custodia, sin saber cuándo o cómo volverán a ver a sus seres queridos.

Al parecer, los padres de estos 711 menores que aún no han podido reunirse con ellos no son «elegibles» para tal efecto. Según datos publicados por los abogados del Departamento de Justicia, hay un total de 120 menores cuyos padres «rehusaron reunirse» con ellos, 21 más que tienen padres con antecedentes, 46 cuyos progenitores cuentan con «bandera roja por otra razón» y 79 niños con padres ya liberados y que no fueron localizados. Además, 431 niños que siguen retenidos tienen padres que «ya no están en Estados Unidos», 94 con padres cuya ubicación está bajo revisión y, finalmente, otros siete con casos judiciales separados.

El Gobierno considera que, como estos menores no son «elegibles» para reunirse con sus familiares, ha cumplido con la totalidad de las reunificaciones impuestas por la orden judicial de Dana Sabraw. La jueza federal ordenó al Gobierno entregar a esos 2.551 menores de entre cinco y 18 años que fueron separados de sus familias como consecuencia de la política de «tolerancia cero» hacia la inmigración ilegal en el cruce de fronteras. Dicho plazo de entrega debía realizarse antes del 10 de julio para menores de cinco años y el resto ayer.

El drama de la separación de estas familias salió a la luz a raíz de unas polémicas imágenes de menores enjaulados mientras permanecían bajo custodia en las fronteras que habrían intentado cruzar con sus padres. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban la crueldad con la que estos pequeños eran aislados en precarias condiciones y sin ningún tipo de contacto con sus familias. Se generó gran controversia, forzando una visita in situ de la primera dama, Melania Trump, para conocer de primera mano la situación, así como la revocación por parte del Gobierno de la «tolerancia cero» contra los indocumentados.

La denuncia de estos hechos contra las autoridades de migración fue planteada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuyos representantes se muestran satisfechos con la reunificación familiar de las 1.442 familias, pero recuerdan que muchas otras permanecen todavía separadas. «La Administración Trump intenta barrerlas bajo la alfombra mediante la selección y elección unilateral, decide quién es elegible para la reunificación», denuncia Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU, a LA RAZÓN. «Estos padres e hijos han perdido un valioso tiempo juntos que nunca podrán recuperar», añade Gelernt, asegurando que seguirán responsabilizando a Trump y su Administración, convencidos de que al final lograrán reunir a todas las familias. La magistrada Sabraw emitió la suspensión de las deportaciones a padres e hijos separados hasta el pasado 23 de julio, mientras la ACLU solicitó una nueva orden de restricción temporal ante la preocupación de deportaciones «inmediatas» por parte del Gobierno a las familias separadas, para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo, sin la supervisión adecuada del proceso.

Defensores de los derechos de inmigrantes se manifestaron el jueves frente al Senado en Washington para protestar por la separación de las familias y el incumplimiento del plazo de entrega exigido por la jueza para su reunificación. Estas organizaciones aseguran que no van a dejar de presionar hasta que se encuentre una solución para todos los menores. La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA), aseguró por su parte en un comunicado que se ha obligado a estos padres a «firmar sus deportaciones o se les ha hecho creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban su expulsión».

Entre las decisiones que la magistrada tendrá que tomar está la solicitada por ACLU de otorgar un plazo de siete días a los padres después de la reunificación para decidir si iniciar un complejo proceso migratorio para quedarse o regresar a sus países. El Gobierno, por su parte, se ha negado a esta petición argumentando falta de capacidad en los centros de detención y las «ineficiencias» en el sistema.