EE UU lanza un duro ataque contra el tribunal de La Haya

Amenaza con sancionar a quienes colaboren con la Corte Penal Internacional en otro golpe a los palestinos

Donald Trump mantiene su firme apuesta contra la Corte Penal Internacional (CPI). Lo repitió a menudo durante su campaña electoral y lo confirmaba ayer por boca de su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. EE UU boicoteará con todos los medios necesarios las acciones de la CPI. Especialmente si los jueces del tribunal insisten en investigar las acciones del personal militar y la inteligencia estadounidenses en la guerra de Afganistán.

Las medidas podrían alcanzar a la congelación de sus activos, la prohibición de que puedan entrar en el país e, incluso, la posibilidad de querellarse en los tribunales de EE UU.

La advertencia coincide con el anuncio de que EE UU ha ordenado el cierre de la oficina de la Autoridad Nacional Palestina en Washington. En opinión de Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, «hemos permitido que la oficina de la OLP lleve a cabo operaciones que respalden el objetivo de lograr una paz duradera e integral entre israelíes y palestinos [sin embargo] la OLP no ha tomado ninguna medida para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel».

A eso se añade el empecinamiento de la Autoridad Palestina de denunciar a Israel ante la CPI. Así, el pasado mes de mayo, Palestina acudía a La Haya para denunciar al Gobierno de Israel por crímenes de guerra. Entre el extenso pliego de cargos figuraban las recientes muertes de palestinos a manos del Ejército israelí. Saeb Erekat, secretario general de la OLP, respondía que «los derechos del pueblo palestino no están en venta, no sucumbiremos a las amenazas ni al acoso de los EE UU y [seguiremos recurriendo] a la Corte Penal Internacional Corte para que abra de forma inmediata una investigación sobre los crímenes israelíes». Por su parte, el líder de la misión diplomática palestina en EE UU, Husam Zomlot, comentó que la Casa Blanca está ejecutando de forma ciega la «lista de deseos» de Israel, que comienza con el cierre de la representación diplomática palestina en EE UU. Zomlot considera que los llamados «esfuerzos de paz» constituyen una maniobra propagandística y reafirmó su intención de «no cooperar en esta campaña en curso para liquidar nuestros derechos y nuestras causas». Nuestros derechos no están en venta y bloquearemos cualquier intento de intimidación y chantaje para que renunciemos a nuestros derechos legítimos e internacionalmente respaldados».

Pero las amenazas palestinas, lejos de amilanar a la Casa Blanca, encontraron la respuesta contundente un Bolton que acumula más de 10 años en guerra contra la CPI. No en vano, fue un destacado crítico de la Corte cuando ejerció como embajador de EE UU ante Naciones Unidas en 2005 y 2006. «Los Estados Unidos», ha comentado Bolton, «utilizarán todos los medios necesarios para proteger a nuestra ciudadanos y a los de nuestros aliados de la persecución injusta por tribunal ilegítimo». Por si alguien tenía la más mínima duda, añadió que «dejaremos que muera sola. Después de todo, y a todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros». Ya en noviembre de 2017, en un artículo que publicó el Wall Street Journal, Bolton advirtió que las relaciones de EEUU con el tribunal de la Haya empeorarían notablemente después de que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aceptara investigar las actuaciones de Estados Unidos en Afganistán a partir de 2003. Sus palabras fueron saludadas por John B. Bellinger III, alto cargo del Departamento de Estado con George W. Bush, como muy preocupantes. Aunque EE UU nunca firmó el Tratado de Roma sí que había suavizado su postura respecto al valor y la jurisdicción de la CPI. No admitía que juzgara a sus ciudadanos pero colaboraba.

EE UU quita la ayuda a hospitales palestinos

El cierre de la oficina diplomática de la OLP en Washington llega apenas unos días después de que la Casa Blanca ordenara cortar las ayudas a los hospitales palestinos de Jerusalén Este. Más de 25 millones de dólares que sirven para financiar seis centros hospitalarios coordinados por la Lutheran World Federation. El secretario general de la organización, el reverendo Martin Junge, solicitó a EE UU que cumpla con el espíritu de la Ley Taylor Force. Un texto que supedita las futuras donaciones de EE UU a que la Autoridad Nacional de Palestina rompa sus vínculos con el terrorismo. Pero que al mismo tiempo deja fuera de las posibles sanciones la ayuda a los hospitales de Jerusalén Este. «Fundamentales para salvar las vidas de los pacientes de Cisjordania y Gaza», añadió Junge.