El caos migratorio obliga a la UE a asumir la gestión de refugiados

Bruselas presenta hoy un plan que pretende dar un giro radical a la política de asilo, que hasta ahora permanece en manos de los Estados

La Comisión Europea (CE) ha propuesto una serie de reformas en el sistema europeo de asilo como respuesta al éxodo migratorio y ante la ineficacia de la legislación actual en la materia. Según el diario alemán «Die Welt», el organismo quiere decidir los procesos de asilo centralmente, en lugar de dejarlo, como hasta ahora, en manos de cada Estado miembro. La Comisión publicará hoy un documento encaminado a implantar una política centralizada de asilo europeo, algo sin antecedentes en la historia de la Unión Europea. Este informe pretende «garantizar una armonización completa de los procedimientos» mediante un mecanismo único y centralizado.

Para esta gestión se otorgaría potestad a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que pasaría a ser un organismo central encargado de la toma de decisiones de asilo y contaría con oficinas físicas en cada uno de los Estados miembros. Bruselas tacha al actual Acuerdo de Dublín de «ineficaz» a la hora de manejar un volumen de peticiones de asilo en Europa que el año pasado superó la cifra de 1,3 millones. «Ha quedado claro que es un fracaso», apuntó. Según este sistema, los refugiados deben solicitar asilo en el primer Estado europeo al que accedan y, por tanto, hay países con fronteras exteriores –como Grecia, o incluso España– que se ven obligados a tramitar un ingente número de peticiones.

Hay dos opciones en discusión para esta reforma. Por un lado, complementar el vigente tratado de Dublín con un «mecanismo de equidad correctiva» que se activaría en los Estados miembros que hayan alcanzado un umbral determinado de asilados, como Grecia o Italia. La segunda opción, que recuerda al sistema de cuotas, pero basado en decisiones centralizadas, es distribuir a los solicitantes basándose en criterios como «el tamaño, la riqueza y la capacidad de acogida de cada uno de los Estados miembros», un esquema similar al propuesto por la Comisión el año pasado y que resultó un rotundo fracaso.

Las primeras reacciones al plan de reforma no han tardado en oírse en Alemania. El eurodiputado de la Unión Cristianodemócrata (CSU) Markus Feber admitió la falta de efectividad de Dublín y abogó por un cambio urgente, pero reconoció que «no podemos simplemente implementar la burocracia de Bruselas. Me resulta difícil imaginar que sea la Unión Europea la encargada de decidir qué personas van a permanecer en territorio francés, español, portugués o alemán». El ministro del Interior, Thomas de Maizière, igualmente reconoció la necesidad de un cambio en esta materia. «Algunos países europeos admiten al 10% de los peticionarios y otros al 90%. No sorprende que los asilados vayan al país donde tienen mayores posibilidades», señaló.

Las capitales europeas han bloqueado hasta ahora, con los países del Este como principal foco de rebelión, las iniciativas del Ejecutivo comunitario para la puesta en marcha de cuotas obligatorias en el reparto de refugiados y de una guarda de vigilancia costera común, dos iniciativas impulsadas por Berlín con el apoyo de París. Pero el motor franco-alemán funciona al ralentí y Angela Merkel ha visto cómo su estrella comienza a apagarse.

La pasada primavera los países europeos rechazaron la puesta en marcha de un sistema de cuotas vinculantes para el reparto de refugiados basadas en la población del país. Tras el recrudecimiento de la crisis de refugiados, esta cifra se amplió hasta llegar a los 160.000 en el mes de septiembre. Este aumento, sin embargo, no cambió los principios básicos: el reparto de la carga debía hacerse de manera voluntaria por parte de cada capital e incluso hubo algunos países que, como Hungría, se negaron en redondo a acoger a ningún refugiado y han amenazado con la convocatoria de un referéndum. El pasado mes de diciembre, Eslovaquia, otro de los considerados «halcones» dentro de la política migratoria, presentó un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo por lo que considera una iniciativa ilegal por parte del Ejecutivo comunitario.

La posibilidad de poner en marcha una guardia costera europea que se despliegue en las fronteras exteriores fue acogida en algunos casos con tibieza y en otros (los países costeros de entrada) con rotunda oposición. El único plan que de, momento, ha sido capaz de aunar voluntades es el suscrito con Ankara para impulsar las deportaciones de los refugiados sirios a territorio turco. Un acuerdo cuya eficacia empieza a medirse estos días y fuertemente criticado por la ONU y las organizaciones humanitarias.