El cisma socialista obliga a Valls a aprobar por decreto su ley estrella

«Francia tiene necesidad de autoridad, frente al terrorismo, pero también para enderezar el país». Este discurso voluntarista es el que quiere imponer Manuel Valls, que se presentó anoche en el canal de televisión TF1 para justificar la aprobación por la fuerza de la ley de reformas económicas que había preparado el Gobierno. El primer ministro francés no contaba con el apoyo suficiente de los diputados para sacarla adelante, pero, según él, se trata de una ley «que los franceses plebiscitan» y por eso decidieron recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Ejecutivo imponer un texto sin que sea votado por los diputados.

«¿Cree usted que voy a perder un solo instante con los objetivos que tienen otros?», se preguntó Valls, sin especificar qué objetivos, pero señalando con el dedo a los socialistas «frondeurs», liderados por sus antiguos ministros de Economía y Educación, Arnaud Montebourg y Benoît Hamon, respectivamente. El primer ministro había dicho unas horas antes ante la Asamblea Nacional que no quería asumir el riesgo del fracaso de la ley de reformas económicas que llevan meses preparando para intentar sanear la economía francesa. Así que, al ver que probablemente no contaría con los votos suficientes para sacar adelante la llamada Ley Macron, decidió recurrir a este recurso excepcional.

Quedan lejos aquellos días en los que François Hollande aseguraba que este artículo era «una negación de la democracia. Entonces era secretario general del PS y líder de la oposición, hoy es presidente de la República.

Hasta el último momento, el Gobierno había pensado que podrían evitarlo, pero el anuncio del antiguo ministro socialista Benoît Hamon, cesado el pasado 25 de agosto tras criticar a su propio Gabinete, de que iba a votar «contra» ese texto hizo saltar las alarmas porque es un hombre con cierto peso dentro del ala izquierda del partido. Unos cuarenta diputados socialistas iban a votar en contra, parte de los ecologistas y la casi totalidad de la derecha, a excepción de cuatro diputados.

A las dos y media surgió la noticia insólita de que el presidente Hollande había convocado un Consejo de Ministros extraordinario, de lo que se dedujo que el Gobierno se estaba preparando, ya que el artículo 49.3 sólo se puede imponer tras una deliberación en el seno del Ejecutivo. La reunión duró escasamente quince minutos.

Los ministros se dirigieron directamente a la Asamblea Nacional. Allí, durante la sesión de preguntas al Gobierno, se pudo ver a Valls y a su ministro de Relaciones con el Parlamento, Jean-Marie Le Guen, discutir todavía entre ellos si podían contar o no con el apoyo suficiente para someter a votación la ley y que fuera aprobada. La decisión se tomó en el último momento. El primer ministro telefoneó a Hollande, acordaron que la ley no iba a ser votada, y Valls subió a la tribuna para defenderlo.

El presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude Bartolone, suspendió el debate a la espera de que la derecha decidiera si presentaba una moción de censura contra el Gobierno. A las seis de la tarde ya era cosa hecha. Para ese viaje no hacían falta alforjas, como diría el refranero. Porque antes de llegar a este punto, los diputados franceses han entablado 190 horas de discusiones y han estudiado un millar de enmiendas en comisión y en sesión sobre la Ley por el Crecimiento, la Actividad y la Igualdad de Oportunidades de Emmanuel Macron, una norma que pretende «quitar todos los cerrojos» que encorsetan la economía francesa, a través de la liberalización del transporte de autobuses, del mayor control de las sociedades de peajes, y de modernizar las profesiones reguladas como las de notarios, y de facilitar el trabajo los domingos y por la noche.

La ley será adoptada sin voto si el Gobierno no es derrocado por la moción de censura que fue presentada por la Unión por un Movimiento Popular (UMP) ayer, y que será debatida mañana por la tarde. Valls se mostró ayer seguro del éxito de su órdago. «No hay mayoría alternativa», dijo en TF1, «y este texto va a seguir su camino». Éste es el mensaje que envió ayer a los «frondeurs»: «Las reformas van a continuar».

Para la derecha, la decisión muestra la soledad socialista. «La verdad explota en el gran día: ya no hay ni mayoría ni Gobierno», escribió en Twitter el ex presidente Nicolas Sarkozy, En la moción de censura que depositaron señalaron que ese querer «pasar a la fuerza» del Ejecutivo pone en evidencia que «este Gobierno ya no tiene la mayoría». También aprovecharon para afirmar que «este proyecto de ley es a la imagen de la acción del Ejecutivo desde 2012: ninguna reforma estructural, cambios incesantes en detrimento del empleo y de la competitividad, opciones que anulan toda posibilidad de recuperación, mientras que el crecimiento surge en Europa». Algunos fueron más lejos, como el alcalde de Niza, Christian Strosi, que llegó a hablar de «golpe de Estado». Centristas, comunistas y ultraderechistas se han sumado a la moción de censura de la UMP.

Pero Valls no es el primero que recurre al artículo 49.3 de la Carta Magna. El último que echó mano de este método fue el ex primer ministro conservador Dominique de Villepin, que en 2005 quiso aprobar una ley para facilitar la contratación de jóvenes. Aunque luego se vio obligado a retirarla ante la contestación de la calle. El que más recurrió a ella fue el ex primer ministro socialista Michel Rocard porque no disponía de una mayoría holgada para gobernar y lo utilizó hasta en 28 ocasiones. Ahora, Valls cuenta con que los diputados revoltosos vuelvan al redil y voten el jueves contra la moción de censura. La caída del Gobierno debilitaría al Ejecutivo, y ninguno de ellos tiene interés en un adelanto de las elecciones, dado que para la mayoría, incluidos los «frondeurs», supondría la pérdida de su escaño.