El Congreso rechaza otras cinco peticiones de juicio contra la presidenta brasileña

Brasil no vislumbra una salida a su crisis económica, que debe hundir el PIB un 3% este año. En el campo político las perspectivas son incluso menos halagüeñas. Dos semanas después de que la presidenta Dilma Rousseff acometiera una profunda reforma ministerial –la primera de su segundo mandato–, el espectro de la caída de la mandataria por medio de una votación del poder Legislativo, el «impeachment», gana fuerza.

La situación es compleja y difícil de predecir, ante la constante negociación de las fuerzas políticas, lo que convierte en permanentemente mutante los equilibrios de poder. Pero lo que está claro es que esta semana el presidente del Congreso de los Diputados, el conservador Eduardo Cunha, enemigo político de Rousseff pese a ser miembro del principal partido de la coalición gubernamental, se pronunciará sobre las peticiones de «impeachment» que tiene sobre la mesa.

El presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, en quien recae la responsabilidad de decidir si se juzga a Rousseff, hasta ahora no ha aceptado las solicitudes presentadas porque a su juicio carecían de "fundamentos jurídicos", pero aún no se pronunció sobre la referida al maquillaje de las cuentas fiscales.

Cunha ha recibido hasta ahora 14 solicitudes, algunas de particulares, y ha rechazado 11.

El hábil y controvertido Cunha, a quien Suiza le atribuye varias cuentas secretas donde habría recibido millones de dólares de la red de corrupción vinculada a la estatal energética Petrobras, debía anunciar ayer si les da trámite o los rechaza, pero una decisión de última hora de la Justicia sobre el procedimiento lo impidió. Cunha dejó bien claro que la decisión afecta sólo a la forma, y no al contenido, por lo que todo indica que el político se inclinará por que la Cámara vote un «impeachment» por irregularidades en la gestión de las cuentas públicas de 2014.

La Administración de Dilma lleva sumida en una crisis prácticamente desde que fue reelegida en octubre del año pasado, con una aprobación popular por debajo del 10% como consecuencia del mal curso de la economía y de los escándalos de corrupción. Pero fue una decisión la semana pasada del Tribunal de Cuentas lo que echó más leña al fuego: los ocho miembros del tribunal estimaron de forma unánime que el Ejecutivo distorsionó las cuentas públicas en 2014 por valor de 27.000 millones de dólares. Es decir, que se dilataron pagos y se omitieron deudas contraídas con el objetivo de, en un año electoral, cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Aunque la decisión del Tribunal de Cuentas no es vinculante, ya que quien puede rechazar las cuentas es únicamente el Legislativo, el inédito pronunciamiento de los magistrados dio fuelle a la oposición para sustentar legalmente sus peticiones de votar la destitución de Rousseff.

La presidenta se defiende insistiendo en que los intereses políticos no pueden primar por encima de la legitimación del sufragio popular. «Queremos dialogar con la oposición. Queremos crear un ambiente de paz política, de estabilidad», dijo ayer el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva. Pero lo cierto es que todo se juega en el equilibrio de poder de un país muy atomizado.

Si la oposición liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Aecio Neves –rival de Dilma en los últimos comicios– logra en las próximas semanas el apoyo de 342 diputados necesarios en la Cámara, el mandato de la presidenta estará seriamente en riesgo. En este contexto de inestabilidad, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron ayer su preocupación ante lo que consideraron un intento de «golpe de Estado» en contra de Rousseff.