El Constitucional luso evaluará la ley que facilita la salida de funcionarios

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, decidió posponer su decisión de sancionar la ley que facilita la salida de funcionarios y la envió al Constitucional para saber si cumple con lo establecido con la Carta Magna lusa.

La Jefatura de Estado lusa informó hoy de que Cavaco Silva requirió el dictamen del Alto Tribunal para comprobar si esta norma, aprobada en julio en el Parlamento por la mayoría conservadora, respeta el concepto de "causa justa, despido, régimen de derechos, libertades y garantías y el principio de protección de la confianza".

De este modo, el Constitucional portugués debe ahora pronunciarse en un plazo máximo de 25 días.

La nueva norma sobre el funcionariado, conocida técnicamente como "recalificación de trabajadores de la función pública", es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas de Portugal y está incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros.

Su aplicación pretende facilitar la desvinculación laboral de funcionarios (especialmente profesores) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados, y a los que a partir de ahora marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.

Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación de desempleo.

El presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, también analiza actualmente otra de las polémicas leyes sobre el funcionariado aprobadas por el Gobierno conservador luso, y que propone aumentar de 35 a 40 horas semanales el horario de los trabajadores públicos, aunque por el momento se desconoce su decisión.

A pesar de ser figura prominente del partido que lidera el Gobierno, el Social Demócrata (centro-derecha), Cavaco Silva, de 74 años, ya envió al Tribunal Constitucional varias medidas de ajuste incluidas en los Presupuestos del 2013, entre ellas recortes de salarios públicos, pensiones y subsidios de desempleo y enfermedad.

El Alto Tribunal consideró ilegales estas leyes, que ahorrarían al Estado unos 1.300 millones de euros, lo que llevó al Ejecutivo a compensar esa suma con una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el aumento de 35 a 40 horas semanales del trabajo de los funcionarios o el retraso de la jubilación de 65 a 66 años.

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entidades que concedieron en 2011 el rescate financiero a Portugal, recomiendan al Ejecutivo de Pedro Passos Coelho reducir el cuadro de los funcionarios en Portugal.

Actualmente el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 % de la población en edad laboral, aunque su peso ha ido cayendo desde el inicio de la crisis.

En los últimos meses, se han sucedido manifestaciones sectoriales de docentes -el 40 % del total de los funcionarios-, de los representantes de transportes e incluso de las Fuerzas Armadas que desembocaron el pasado 27 de junio en una nueva huelga general, la cuarta en apenas dos años.

Los sindicatos han alertado de que el Gobierno podría aprobar el despido de cerca de otros 30.000 empleados entre 2013 y 2014, mientras que los partidos de la oposición de izquierda consideran que el aumento de las horas de trabajo es inconstitucional.