Santos redobla su apuesta por la paz

El Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acuerdan abrir una negociación política. El anuncio se produce en pleno estancamiento del diálogo con las FARC por culpa del desarme

Colombia avanza hacia una paz completa, aunque más lenta de lo previsto. El Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron ayer en Caracas el inicio de un proceso formal de diálogos, después de dos años de «contactos exploratorios». Las negociaciones tendrán como sede Quito, donde se han producido al menos siete reuniones entre ambas partes. No se dieron, sin embargo, más detalles sobre la fecha de comienzo.

Tanto Ecuador como Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, donde también se han desarrollado encuentros, acompañarán junto a Noruega este nuevo proceso. La nueva agenda se divide en seis apartados: participación de la sociedad, democracia para la paz, víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y dejación de las armas, y garantías para el ejercicio de la acción política. Una hoja de ruta que, según fuentes cercanas a los contactos, estaba madurada hace semanas. Así lo manifestó en varias ocasiones el jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», asegurando que el grupo estaba muy cerca de acordar una agenda de diálogos con el Gobierno. Sólo faltaba cumplir una condición irrevocable del presidente, Juan Manuel Santos, para dar comienzo formal al proceso: la liberación de «todos los secuestrados». Y hace ahora diez días el ELN puso en libertad al cabo del Ejército, Jair de Jesús Villar, y al alto funcionario, Ramón de Jesús Cabrales. Un gesto que abrió el camino hacia la negociación después de haberse paralizado en varias ocasiones debido a algunos ataques de los guerrilleros: a mediados de febrero, con la muerte de dos policías, y a finales de octubre en una emboscada que se saldó con la vida de 18 uniformados. La milicia todavía cuenta con alrededor de 1.500 hombres alzados en armas.

Tránsito a la legalidad

Minutos después del anuncio oficial, Santos se dirigió a la nación para celebrar el inicio de las negociaciones como «un nuevo paso hacia (...) una paz estable, duradera y completa». Como hiciese con las FARC, Santos expuso la necesidad de que el ELN «haga el tránsito a la legalidad y se transforme en una organización que haga política sin armas». Sin embargo, dejó claro que el Gobierno no traspasará ciertas líneas rojas: «Desde el principio hemos dejado en claro al ELN –tal como lo hicimos con las FARC– que la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico o político, ni del régimen de propiedad privada. Ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública».

Asimismo, avanzó que muchos de los pilares acordados con las FARC se aplicarán en este proceso. «No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva misión internacional de verificación. Los procesos con las FARC y el ELN son distintos pero el fin del conflicto es sólo uno», afirmó, aunque aclaró que los procesos serán diferentes.

El arranque de esas conversaciones coinciden con el crítico punto en que se encuentran los diálogos con las FARC, estancados sobre los lugares de concentración de guerrilleros –donde cumplirán condena en campos de trabajo abiertos–, la dejación de armas y la desmovilización. Esas diferencias obligaron a postergar la firma de la paz el 23 de marzo, fecha fijada para su cierre. Una demora en el proceso, iniciado a mediados de 2012, que ha deteriorado la popularidad de Santos y el apoyo de la sociedad al proceso. El nuevo anuncio para poner fin a la acción armada del ELN, fundada hace 50 años, debe servir para reavivar la confianza en la construcción de una paz integral.