El Gobierno tira la toalla con Gibraltar

Borrell abandona incluso la reivindicación de la gestión compartida del aeropuerto.

Crece la preocupación en círculos diplomáticos sobre la marcha de las negociaciones con Londres referentes al estatus de Gibraltar tras el Brexit. Las pocas informaciones que van trascendiendo con cuentagotas desde el departamente dirigido por José Borrell no invitan precisamente a la tranquilidad cuando se constata que, tras abandonar cualquier intento de introducir la cuestión de la desconolización del Peñón ordenada por la ONU y la soberanía, se empiezan a filtrar declaraciones que parecen apuntar a que incluso se va a desaprovechar esta ocasión histórica para lograr la gestión compartida del aeropuerto, construído por Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial en el istmo de Gibraltar, zona no cedida a la corona británica en el Tratado de Utrech.

«Es prácticamente imposible que se nos vuelva a abrir en el futuro una ventana de oportunidad como la que el Brexit nos ofrece y resulta descorazonador que el Gobierno no tenga voluntad de sacarle todo el jugo... los ingleses lo hicieron en el 82», confiesa a este diario un diplomático con décadas de experiencia y actualmente retirado. La mención a 1982 recuerda la condición que Reino Unido puso para que España entrara en el la CEE, concesión que el Gobierno socialista de Felipe González se apresuró a cumplir apenas unos meses después de llegar al poder.

El negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, se reunió ayer en Madrid con Sánchez y Borrell y reiteró el «total apoyo a España en sus negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar, que deben acabar cuanto antes». Por su parte, el jefe de la diplomacia española no especificó que líneas rojas se están planteando a Londres en las conversaciones y se limitó a afrmar que «vamos a utilizar la negociación para obtener las cosas más positivas posibles para nuestra gente, para España y para los españoles que trabajan en Gibraltar».

A pesar de tener el tercer PIB per cápita del mundo, Gibraltar es considerado un «limbo fiscal» que parasita servicios sociales básicos como Sanidad e infraestructuras de una de las zonas más deprimidas económicamente de Andalucía.