El miedo al inmigrante, la mejor arma de los defensores del Brexit

Con cada nuevo dato de llegada de extranjeros a Reino Unido, sube el apoyo a la desconexión con la UE. Éste supera ya en diez puntos al «no»

Si hay una palabra que se escucha estos días en Reino Unido es inmigración. El control del número de extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, domina el debate ante el referéndum del próximo 23 de junio, donde los británicos decidirán su futuro en la UE. Y en este sentido, la campaña por la salida del bloque toma impulso en los sondeos cada vez que se hacen públicos los datos oficiales: la migración neta (la diferencia entre los que vienen y los que se van) alcanzó el año pasado la cifra récord de 333.000 personas, cuando la promesa del Gobierno era reducirla a menos de 100.000.

También se habla de sondeos. Según la última encuesta realizada por ORB, la ventaja que sacan los euroescépticos es de diez puntos. A menos de dos semanas del plebiscito, el 55% de los británicos aboga por la ruptura (cuatro puntos más que en abril) frente a un 45% que quiere la unión (cuatro puntos menos). La portada de «The Telegraph» hablaba ayer de «pánico en Downing Street».

Fue la formación Ukip de Nigel Farage –fundada en 1993 precisamente como resultado de una revuelta interna «tory» tras la firma del Tratado de Maastricht– la impulsora del mensaje que advertía de que sólo firmando el divorcio con Bruselas, Londres podría volver a recuperar el control de sus fronteras. Y su discurso caló en el electorado hasta el punto de convertirse en el protagonista absoluto de los comicios locales y europeos de 2014. La presión de las filas conservadoras se volvió ya insostenible y el «premier» David Cameron se vio obligado a convocar el histórico referéndum.

Dos preguntas se plantean ahora sobre la mesa: ¿Cuándo empezó a ser la inmigración un problema para el Reino Unido? y ¿hasta qué punto es cierto que la solución pasa por abandonar el bloque?

Según Stephen Booth, co-director del reputado «think tank» Open Europe, a lo largo de la década de 2000, con políticas más flexibles para los extracomunitarios y la ampliación de la UE con países de Europa del Este, la inmigración neta en Reino Unido aumentó de decenas de miles a más de 200.000 al año. «A finales de los 90, sólo el 10% del electorado británico consideraba que era el tema más importante al que se enfrentaba el país. A mediados de la década de 2000, el porcentaje aumentó hasta el 40% y en mayo de 2015 alcanzó el 50%», matiza.

Mientras que en Alemania la cuestión migratoria fue sometida a un amplio debate, en Westminster la decisión del Gobierno laborista de Tony Blair de abrir en 2004 el mercado laboral a los nuevos países miembros fue, según el experto, «enormemente subestimada». Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que desde 2004 hasta 2014, más de dos millones de comunitarios se mudaron al Reino Unido frente a los 1,5 millones que llegaron de fuera del bloque. Lord Green de Deddington, responsable de Migration Watch UK, señala que es un «impresionante movimiento de población en poco más de una década». «La realidad es que si votamos para permanecer en la UE no tendremos ningún medio para limitar tales flujos si el resto de países miembros se enfrentan a dificultades económicas», dice.

Lo cierto es que, en este sentido, el referéndum no ha podido llegar en un momento más delicado. A la situación que atraviesa la zona euro se suma además la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, y el acuerdo entre Bruselas con Turquía da más munición a aquellos que advierten sobre la importancia de recuperar el control de las fronteras.El co-director de Open Europe –«think tank», que mantiene una postura neutral ante el plebiscito– señala que no se puede negar que la pertenencia a la UE y la libre circulación significan una determinada «pérdida de control». «Aunque el Gobierno tiene el control sobre la migración extracomunitaria y, a pesar de las políticas más restrictivas de los últimos años, actualmente sigue siendo más alta que la comunitaria», matiza. En este sentido, Booth considera que, con independencia de la permanencia o salida del club, hay una serie de factores por los que Reino Unido seguirá siendo un imán para los extranjeros. Entre estos, cita «la buena salud de la economía británica, el inglés como idioma, la llamada de miembros de familias y comunidades ya asentadas, y las necesidades de las empresas y universidades».

Para Cameron, la cuestión migratoria supone un auténtico quebradero de cabeza porque es consciente que no puede restringir la libre circulación si quiere seguir siendo miembro del club. Sin embargo, con el objetivo de calmar los ánimos euroescépticos de la calle, el primer ministro ha conseguido negociar el llamado «freno de emergencia» para limitar el acceso de los trabajadores comunitarios a los beneficios sociales que concede Londres. Fue, sin lugar a dudas, uno de los puntos más complejos en la cumbre europea de febrero, donde se acordaron una serie de medidas que entrarán en vigor, sólo si los británicos deciden quedarse en el bloque. En un principio, el líder «tory» quería restringir por completo los subsidios a los trabajadores europeos hasta que no llevaran cuatro años cotizando en el país. Pero Bruselas sólo ha aceptado un freno de emergencia por un periodo de siete años. En este tiempo, no sólo Reino Unido, sino todos los países de la UE que demuestren que los altos niveles de inmigración suponen un ahogo para su sistema de bienestar podrán restringir las ayudas por cuatro años. Al principio por completo, luego se dará acceso de manera progresiva.

Según las últimas encuestas, un 68% está de acuerdo con la propuesta frente a un 17% que se muestra en contra. El problema es que son las propias filas «tories» las más críticas con el «premier» y los euroescépticos insisten en que las reformas no conseguirán reducir el número de extranjeros.

Pese a que diferentes estudios señalan que los europeos son contribuyentes netos, es decir, aportan a las arcas públicas más de lo que reclaman de ellas, el popular Boris Johnson, convertido en la estrella de la campaña «Vote Leave» (Vota salir), propone aplicar un plan basado en puntos similar al australiano para acabar con el «derecho automático» de los comunitarios a vivir y trabajar en suelo británico. «Aquellos que busquen la entrada para trabajar o estudiar deberían ser admitidos de acuerdo con su formación sin discriminación por su nacionalidad», señala el que fuera alcalde de Londres, una ciudad que, según muchos expertos, no podría abastecer el sector servicios sin inmigrantes.

Al respecto, Booth explica que, bajo el modelo australiano, «muchos más inmigrantes (59%) entran al país través de visas temporales de trabajo –las llamadas ‘‘working holidays’’– que a través del sistema de puntos (un 35%)». «Siempre habrá demanda de inmigrantes semicualificados y poco cualificados para hacer frente a trabajos en sectores económicos clave, como por ejemplo el agrícola», añade. «Este referéndum no será decidido por las personas que se oponen a la inmigración o a la UE, sino por aquellos normalmente escépticos con la UE y preocupados por los efectos de la inmigración, pero igualmente temerosos de que un Brexit podría afectar a su bolsillo y a la economía en general», concluye.