El Supremo de Brasil veta la salida de prisión de Lula da Silva

El Tribunal Supremo de Brasil anula la cautelar que permitía la salida de prisión de Lula da Silva

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estuvo hoy a punto de salir de la cárcel gracias a una cautelar dictada por un juez del Supremo, que fue finalmente anulada por el presidente de ese tribunal, Antonio Dias Tóffoli. La puerta de la celda en la que Lula está recluido desde el pasado abril parecía abrirse hoy con una polémica cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 196.300 personas en Brasil. Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia.

Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada este año en una ajustada votación que acabó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia. Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia. La cautelar fue dictada a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados por corrupción.

Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada se "consagraría la impunidad". El Partido de los Trabajadores (PT) se movió con rapidez y llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder. "Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte", alegaron los abogados de Lula.

Sin embargo, la jueza responsable del caso supeditó la libertad de Lula a la posición que adoptaría sobre el asunto la Fiscalía General. Ese organismo lo hizo de hecho, pero con una apelación que presentó contra la cautelar apenas unas horas después de que fue dictada y que fue finalmente negada por Dias Tóffoli.

En su sentencia, el presidente de la Corte Suprema coincidió con la Fiscalía General en que una excarcelación cautelar de aquellos que serían beneficiados podría "causar una grave lesión al orden, a la salud, la seguridad y la economía pública". Dias Tóffoli explicó además que no podía dar lugar a una cautelar que "contraría una decisión soberana ya tomada por la mayoría del pleno"del Supremo, tanto en 2016 como este mismo año. También consideró que el asunto no requería "ninguna urgencia"como para ser decidido en forma cautelar, sobre todo cuando ya ha sido anunciado que la Corte Suprema volverá a discutir el asunto de la prisión después de la segunda instancia en una sesión prevista para abril próximo.

La situación jurídica suscitada hoy fue similar a la que sacudió a Brasil en julio pasado, cuando un domingo un juez de guardia en el tribunal de segunda instancia que condenó a Lula, dictó una cautelar en el mismo sentido de la dictada hoy por el magistrado Mello, pero sólo en beneficio del exmandatario. Esa decisión fue anulada ese mismo día, así como ocurrió hoy, pero no impidió que a lo largo del año la Justicia recibiera unas 200 demandas contra la prisión después de segunda instancia, las cuales fueron rechazadas una a una. Entre los motivos alegados para pedir la excarcelación de Lula se usó hasta su candidatura presidencial para las elecciones de octubre, a las que fue inscrito como abanderado del PT y luego vetado por la Justicia electoral, a la luz de una norma que impide postular a aquellos condenados en segunda instancia. EFE