España tacha de «injustas» las cuotas de asilo y pide a la UE que las revise

España considera que la tasa de desempleo no está suficientemente considerada. «No estoy de acuerdo con los criterios que se han manejado, hay que darle otra vuelta a ese tema para fijar la capacidad de un Estado», señaló García-Margallo.

El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, dijo hoy que "ningún país puede aceptar a inmigrantes a los que no pueda atender en condiciones de dignidad"y señaló que los criterios de cuotas de asilo de la UE no se corresponden "con los deseos del Gobierno".

"Un país decente tiene que dar a los inmigrantes un puesto de trabajo, vivienda, educación, sanidad y servicios sociales si no queremos crear guetos en nuestras fronteras", precisó el ministro en una rueda de prensa conjunta con el ministro español de Defensa, Pedro Morenés, tras el Consejo de titulares de ambas carteras celebrado hoy en Bruselas.

García-Margallo consideró que "no se trata de regatear" con las cifras que determinarán las cuotas de asilo de la UE, sino de "no crear falsas expectativas" porque "ningún país puede aceptar inmigrantes a los que no pueda atender en condiciones de dignidad".

Por ello pidió que la tasa de paro "tenga una ponderación superior al 10 % que le otorga la Comisión Europea" como criterio para el reparto de cuotas de demandantes de asilo en la UE.

Estos criterios, que tienen en cuenta factores como la situación económica, la población o los esfuerzos realizados por cada país en materia de inmigración, "no están ponderados de acuerdo con los deseos del Gobierno español", según García-Margallo.

El ministro consideró que el esfuerzo de cada país en materia de inmigración tampoco está bien ponderado, pues sólo representa un 10 %.

"España hace un esfuerzo para controlar sus fronteras que redunda en toda la Unión Europea", destacó tras pedir que Bruselas tenga en cuenta este factor.

También puso en valor el "enorme esfuerzo"de España para acabar con las raíces de la inmigración, como la inseguridad, la inestabilidad política o la pobreza.

"Una cosa es emigrar por razones económicas y otra la salida en casos de conflicto, pero sea cual sea la causa las necesidades son las mismas", matizó.

García-Margallo explicó que la media de renta de la UE es quince veces superior a la media de África, una descompensación que constituye un "incentivo para emigrar"y exige "favorecer el crecimiento y el desarrollo en esos países".

Morenés destacó por su parte que "el problema de la inmigración es el resultado de otras actividades de tipo criminal" como el tráfico de personas o el terrorismo, "dos mundos que están vinculados y hay que abordar de manera conjunta".

La Unión Europea debe generar "estructuras indispensables que garanticen la vida de estas personas y un futuro decente", concluyó Morenés.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Harlem Désir, volvió hoy a rechazar la organización del sistema de cuotas de asilo propuesto por la CE, una idea compartida también por el Reino Unido.

Otros países como Suecia se mostraron a favor de esta medida y defendieron que "la responsabilidad debe ser compartida", dijo la ministra titular sueca, Margot Wallström

España sería el cuarto país de la Unión Europea que más demandantes de asilo debería aceptar de los que ya se encuentran en territorio comunitario, un 9,1 % del total, tras Alemania, Francia e Italia, y el quinto en absorción de refugiados de terceros países (1.549 del total de 20.000 ofrecidos por la UE para 2015 y 2016).

El primer ministro francés, Manuel Valls, ya se opuso a la implantación de cuotas de asilo en la UE por considerar que "el número de beneficiarios no puede ser objeto de cuotas".

Reino Unido por su parte ya dejó claro que no participará en un sistema obligatorio de reasentamiento y se mostró partidario de devolver a los inmigrantes a sus países de origen lo antes posible.

Tanto este país como Irlanda y Dinamarca podrán quedar fuera de la aplicación de esta medida porque gozan de derechos de no participación en materia de Justicia e Interior, reconocidos por el Tratado de funcionamiento de la UE.