Fin a la impunidad

En México la seguridad es un serio problema de gobernabilidad. Es un tema de legalidad y por supuesto de diseño institucional. La impunidad se ha convertido en el problema estructural más grave de México. Estadísticamente las posibilidades de que un delito llegue hasta la última instancia es de menos de 2%. Es decir, más del 98% de los delitos que se cometen en México, no llegarán hasta la última instancia, y no serán debidamente sancionados.

Los lamentables acontecimientos sucedidos en Acapulco, Guerrero, la semana pasada en contra de seis ciudadanas españolas pusieron en evidencia, ante la opinión pública internacional, una realidad que sufren y padecen cientos de mexicanos cotidianamente, en diversas regiones del país. Y es que México se enfrenta a una severa crisis de inseguridad pública. Las instituciones y los instrumentos del Estado para enfrentar la delincuencia están muy lastimados y deteriorados. El nuevo procurador general de la República, el equivalente a la Fiscalía General del Estado, el experimentado Jesús Murillo Karam, reconoció que se encontró «una Procuraduría desmantelada». Ésta es una constante en la herencia del Gobierno de Felipe Calderón. El peor sexenio en términos de violencia en décadas que deja severas preguntas en materia de derechos humanos, una sociedad cansada de la delincuencia, con ejecuciones que se cuentan por miles, en una cifra aún incompleta.

¿Cuál fue su gran error ? Calderón desconocía el problema y no se enfrentó el fenómeno delincuencial de manera integral, ni estratégica, ni asumió como prioritario el reto de investigación e inteligencia para la evidencia judicial. Hoy nos enfrentamos a un momento de transición muy delicado. Se están planteando y presentando las acciones y estrategias de un nuevo Gobierno que se ve en la necesidad de corregir muchos fallos, pero que enfrenta la herencia de una delincuencia común, localmente desbordada en muchas regiones, y una delincuencia organizada, sistémica, que tiene francamente comprometidos algunos Estados del país. Cualquier estrategia deberá ir acompañada sin duda de un nuevo diseño institucional. El problema estructural es que las instituciones del Estado ya no alcanzan para enfrentar el problema. Y la gente se siente muy insegura y el tiempo se acaba. Como ejemplo, en Ayutla, en el mismo Estado de Guerrero, han surgido grupos sociales organizados en las llamadas «fuerzas de autodefensa», que constituyen grupos de pobladores, que se arman y que asumen funciones de policía y justicia, en protesta por la inseguridad que están viviendo sus comunidades. El Gobierno está comprometiendo su capital político para calmar los ánimos y actuar sin dilación.