Fondos condicionados al respeto al Estado de Derecho

En otro mensaje a los países del Este, la Comisión premiará a los socios que acojan más refugiados.

Bruselas pretende utilizar los fondos regionales como un arma cargada de valores democráticos. Ante la deriva autoritaria vivida por los países del Este, la Comisión Europea propone no sólo conceder más dinero a aquellas regiones que acojan más refugiados, sino también penalizar a aquellos países que no respeten el Estado de Derecho. Para que nadie se llame a engaño, la partida que financia infraestructuras y ayudas para pymes e I+D en las regiones europeas ha sido rebautizada como «cohesión y valores». Los países del Este, debido a su PIB per cápita por debajo de la media comunitaria, son en el presente ejercicio los Estados más beneficiados.

En el mes de diciembre, la Comisión decidió, en un movimiento sin precedentes, activar el artículo 7 contra Polonia debido a las últimas reformas del sistema judicial que ponen en peligro la separación de poderes. Denominado como «botón nuclear», este artículo puede conllevar en su último estadio que un país pierda su derecho de voto en el Consejo. Pero Bruselas es consciente de que se encuentra ante un callejón sin salida, ya que para poner en marcha esta última opción se necesita la unanimidad de los Estados miembros y todo indica que Hungría, también bajo el ojo del huracán, vetará cualquier iniciativa en este sentido. Si Bruselas no consigue que Polonia dé marcha atrás en su reforma del Supremo, la continuidad del expediente puede suponer agravar aún más la brecha entre Este-Oeste en el seno del «club» comunitario. La abrumadora victoria del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en las últimas elecciones hace temer una ofensiva aún mayor del bloque del Este.

En la propuesta desvelada ayer, el Ejecutivo comunitario hace una pirueta para proponer el recorte de fondos ante «las deficiencias generalizadas» en el cumplimiento del Estado de Derecho que pueda derivar en una mala gestión del dinero comunitario. Para que este procedimiento no quede en punto muerto, al igual que puede suceder con el artículo 7, la propuesta de disminución de los fondos corresponde a la Comisión Europea y deberá ser adoptada por el sistema de mayoría cualificada inversa: una mayoría de Estados debe revocar esta propuesta, lo que hace muy difícil poder dar marcha atrás en el veredicto del Ejecutivo comunitario. En un intento de no crear más tensiones de las necesarias, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, negó ayer que Bruselas esté pensando en algún país en concreto. «No es una cuestión polaca, es una cuestión general».

Según el texto presentado ayer, el Estado afectado tendrá un mes para presentar alegaciones y las medidas seguirán vigentes hasta que el Estado solucione sus deficiencias. Pero el diablo está en los detalles: para que la iniciativa pueda prosperar se necesita el visto bueno unánime de los Estados europeos y el bloque del Este sigue teniendo la última palabra.

La nueva medida se aplicará a todos los fondos de gestión compartida de la Unión, además de a los de gestión directa e indirecta donde el beneficiario final es un Gobierno nacional, regional o local, otras instituciones públicas o una organización privada «con una misión de servicio público».