Golpe fracasado en un Estado en crisis

Para comprender verdaderamente lo que ha ocurrido en las calles y plazas de Estambul y Ankara en las últimas horas es necesario situar los acontecimientos en la deriva política y religiosa que está experimentando la sociedad turca durante la última década. De la mano del Partido de la Justicia y el Desarrollo, inicialmente como primer ministro y actualmente como presidente, Recep Tayyip Erdogan inició un proceso de islamización de la sociedad y las instituciones estatales que enfrentaba abiertamente el legado de Kemal Ataturk de separación entre la religión y el poder del Estado y cuya preservación le correspondía en último extremo a unas Fuerzas Armadas modernas y occidentalizadas. El mantenimiento de un Ejército hipertrofiado y la incorporación de Turquía a la OTAN fueron dos instrumentos decisivos para preservar el legado kemalista.

Tras la reforma de 2007, la implantación de un sistema presidencialista fuerte legitimado por su elección de forma directa ha concedido a Erdogan un poder político y unas competencias capaces de compensar al poder legislativo y a la judicatura.

La lógica de desarrollo económico e islamización impulsada desde el poder civil y la estrategia de modernización y occidentalización cultural mantenida por las FAS a costa de sucesivos golpes de Estado han ido gestando una creciente tensión interna en el país, agudizada por la guerrilla y los atentados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán de corte independentista.

A estas amenazas han venido a sumarse en los últimos años la presión de los refugiados sirios y la expansión del terrorismo, promovido por el Estado Islámico (EI), convirtiendo así al Ejército turco en la única institución del Estado capaz de garantizar la seguridad de las fronteras y el orden público interior. En otras palabras, se ha fortalecido el poder real de las Fuerzas Armadas en detrimento de los poderes del presidente y del Gobierno.

La división social, ideológica e institucional ya se pudo apreciar en las manifestaciones a favor y contra el régimen de Erdogan que se produjeron en 2013. A su vez, la cadena de atentados durante el último año ha demostrado la creciente dificultad de los servicios de inteligencia y de los cuerpos de seguridad para garantizar la paz y el orden.

Este complejo y dinámico contexto político ha creado las condiciones para la sublevación militar, pero también explica buena parte de los factores que han provocado su fracaso. En efecto, la rapidez y la eficacia en el despliegue realizado por los militares golpistas para tomar zonas claves de Estambul y Ankara demuestran que ha sido una insurrección muy bien planificada y nada improvisada. Su ejecución ha tomado desprevenidos o ha contado con la pasividad de los servicios de inteligencia turcos, acreditando de una parte la fuerte lealtad entre los dirigentes golpistas y, de otra, el escaso control de las autoridades políticas sobre el Ejército.

Pero, contrariamente a las versiones mediáticas y oficiales, el fracaso del intento golpista no se ha debido a la movilización ciudadana –que efectivamente se ha producido pero sin una participación masiva–, sino a la escasez de unidades militares movilizadas en la sublevación. Bastaba con ver los efectivos desplegados en la Plaza Taksim o en los puentes sobre el Bósforo para comprobar que una parte importante de las Fuerzas Armadas no estaba implicada activamente en la sublevación y, muy probablemente, esperaba a ver los resultados para decantarse públicamente. Desde esta perspectiva, la rebelión militar se ha parecido más al fracasado golpe de Estado español que al realizado recientemente en Egipto.

Una conclusión evidente del intento y fracaso de la rebelión militar es que el Ejército turco está dividido entre su lealtad al legado histórico kemalista y su deber de sumisión al poder político legitimado por las urnas.

En todo caso, la restauración del poder de Erdogan va a provocar dos importantes dilemas políticos de cuya resolución dependerá el futuro inmediato de Turquía y también de la Unión Europea. En primer lugar, y más allá de las inevitables detenciones y destituciones que se realizarán en las Fuerzas Armadas, el Gobierno turco tendrá que decidir si opta por una deriva autoritaria que refuerce su poder real a costa de las Fuerzas Armadas y otras instituciones independientes como el Poder Judicial, los partidos de la oposición y los medios de comunicación, o si elige reforzar su legitimidad popular manteniendo una efectiva división de poderes, garantizando la seguridad ciudadana y fortaleciendo el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, tanto la UE como EE UU y los aliados de la OTAN deberán enfrentar el dilema de apoyar la continuidad del régimen presidido por Erdogan, incluso a pesar de una posible deriva autoritaria –como garantía de la necesaria seguridad de sus fronteras frente al terrorismo yihadista, los desplazamientos masivos de población y la guerra contra el EI–, o limitar y condicionar su apoyo al Gobierno para impedir su radicalización islamista y autoritaria, con el riesgo de acelerar la división política de la sociedad y la desvertebración institucional. Se mire por donde se mire, Turquía camina hacia el horizonte de un Estado fallido y ello, lejos de garantizar la seguridad y la paz en Europa, el Cáucaso y Oriente Próximo, amenaza con convertirse en una nueva fuente de violencia. Un escenario que se vislumbra cada vez más probable.

*Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense