Polonia
Kaczyinski pone en marcha su revolución ultraconservadora en Polonia
La falta de independencia del Constitucional y la nueva ley de prensa inquietan a Bruselas, que no descarta abrir un expendiente contra Varsovia por vulnerar los principios europeos
La falta de independencia del Constitucional y la nueva ley de prensa inquietan a Bruselas, que no descarta abrir un expendiente contra Varsovia por vulnerar los principios europeos
Paso a paso y en un tiempo récord, la derecha nacionalista polaca está poniendo en marcha la revolución neoconservadora que prometió al ganar las elecciones del pasado octubre. Siguiendo los pasos del húngaro Viktor Orban, la primera ministra, Beata Szydlo, se ha estrenado en el cargo con el nombramiento de cinco magistrados afines en el Tribunal Constitucional y con una polémica ley de prensa que ha puesto en pie de guerra a la oposición y a amplios sectores de la sociedad polaca.
Aprobada el 31 de diciembre por el Parlamento y el Senado, donde el PiS dispone de mayoría absoluta, la Ley de Medios permitirá al Gobierno nombrar directamente a los directores de los medios públicos, que, a partir de ahora, están obligados a adoptar las tesis oficiales del Ejecutivo y a ensalzar la historia polaca y los valores patrióticos. Según la diputada de Ley y Justicia Elzbieta Kruk, “queremos reconstruir los medios de comunicación públicos para fortalecer sus estructuras, sus finanzas, sus recursos humanos y sobre todo devolvérselos a los polacos”.
No son de la misma opinión las asociaciones de periodistas polacos, que denuncian al Ejecutivo de haber puesto en marcha una “caza de brujas” contra ellos. Una de las primeras víctimas fue la presentadora que entrevistó al ministro de Cultura tras haber censurado una obra de teatro que consideraba pornográfica. “La nueva ley de prensa es una amenaza para la libertad de expresión en Polonia. Y lo digo como periodista y como director de la radio polaca que soy”, explica Kamil Dabrowa, Director del Canal 1 de la radio polaca.
La deriva autoritaria que dirige entre bambalinas el ex primer ministro Jaroslaw Kackzynski, presidente de PiS, ha llevado al ex presidente conservador y antiguo disidente anticomunista Lech Walesa a hablar abiertamente de convocar un referéndum revocatorio para acabar con este Gobierno “antidemocrático”.
Desde Bruselas, la Comisión Europea no oculta su preocupación por las reformas puesta en marcha por las nuevas autoridades de Varsovia, que serán analizadas en una reunión el próximo 13 de enero. El comisario de Finanzas, Günter Öttinger, reconoció este fin de semana al “Frnakfurter Allgemeine Zeitung” que “todo apunta a que vamos a tener que activar los mecanismos legales pertinentes”. En caso de advertirse riesgos para el Estado de Derecho en las recientes leyes polacas, la CE enviará las correspondientes recomendaciones. De no cumplirlas, Varsovia se expone a la apertura de un expediente disciplinario por la violación de los principios europeos fundamentales. En casos similares, el Gobierno de Orban no ha llegado a ser sancionado.
Las advertencias europeas, sin embargo, parecen haber tenido escaso eco en el Gobierno polaco, que acusa a Bruselas de estar desinformado. “Estoy inquieto por los casos en los que un comisario opina sin conocer realmente la situación del país, sin tener acceso a los documentos aprobados porque aún no han sido traducidos, y que basa sus afirmaciones en lo que dicen las páginas de algunos periódicos”, se apresuró a responder el ministro de Exteriores, Witold Waszczykowski, en una entrevista en la cadena TVN24.
Con la mayoría absoluta cosechada en las urnas y con el apoyo explícito del presidente de la República, la agenda de la derecha eurófoba polaca prevé derogar la ya restrictiva ley del aborto e imponer a bancos y grandes cadenas de supermercados un impuesto que financie las ayudas a la natalidad y el adelanto de la jubilación. La UE parece estar condenada a revivir el bienio 2005-2007, cuando los hermanos Kacziynski (Jaroslaw y su hermano gemelo Lech, entonces presidente del país) pusieron todo su empeño para torpedear el proceso de construcción europea.
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