La aprobación del matrimonio homosexual fractura Francia

Seis meses de ásperos debates concluyeron ayer con la aprobación definitiva, en el Parlamento francés, de la ley sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parejas del mismo sexo

Seis meses de ásperos debates concluyeron ayer con la aprobación definitiva, en el Parlamento francés, de la ley sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parejas del mismo sexo. Examinada en segunda lectura en la Asamblea Nacional y tras 136 horas de intensos cruces verbales, el texto, uno de los más debatidos desde los inicios de la V República, fue aprobado por 331 votos a favor, gracias a la mayoría parlamentaria de izquierdas, y los 225 en contra de toda la oposición conservadora. Salvo algunas excepciones, la disciplina de voto fue respetada en cada grupo –los diputados socialistas contaron con sus socios ecologistas y radicales y con el apoyo de los comunistas–, mientras que algunos barones de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), como el muy «sarkozysta» Henri Guaino, ferviente detractor de la llamada «ley Taubira» –así bautizada en honor a la ministra de Justicia artífice del texto– votó a favor al equivocarse de botón, alterado «por el alboroto» que había en el hemiciclo, tal y como reconoció.

Una tensión a la altura de la virulencia con la que se han desarrollado estos meses, tanto en sede parlamentaria como en la calle, los debates sobre la que muchos consideran la reforma social más importante acometida en el país galo desde la abolición de la pena de muerte en 1981. Era una de las principales promesas electorales de François Hollande y el presidente francés, que arrastra una impopularidad histórica sin cumplir aún su primer año en el Elíseo, no ha cedido un ápice a la presión de la calle. Cuestión de convicción, pero también de credibilidad de cara a sus votantes, cada vez más escépticos respecto al rumbo, incierto, de su política. Aunque este órdago le podría pasar factura.

Pero Francia, que se convierte así el noveno país europeo y el decimocuarto mundial en legalizar el matrimonio gay, sale profundamente dividida por una ley que, según sus opositores, socava los cimientos del tradicional concepto de familia y acaba con uno de los pilares de la sociedad. «Un niño no es un derecho; es un don», exclamó desde la tribuna el diputado conservador Hervé Mariton, muy beligerante en contra de ampliar la adopción a las parejas del mismo sexo. Hasta el punto de acusar al Gobierno socialista de «romper el consenso que ha unido a la nación francesa respecto a la familia». La oposición también responsabiliza al Ejecutivo de añadir «más crisis a la crisis», de provocar tensión entre los franceses y de «prender la mecha de la homofobia» con una ley que, a su modo de ver, no era ni necesaria, ni prioritaria. Las multitudinarias manifestaciones, convocadas por el colectivo «La manif pour tous» («manifestación para todos», emulando así el título de la ley), y que desde el mes de noviembre han cristalizado con la protesta unánime de una franja importante de la sociedad es la mejor muestra del desgarro provocado. Si la mayoría de los franceses (58%) apoya el matrimonio homosexual, según un reciente sondeo BVA, cada vez son más numerosos (53%) los que se oponen a la adopción. Porque defienden «el derecho del niño» a un padre y una madre, y porque temen que este nuevo paso, que asimilan a la mercantilización de la infancia, abra la puerta en el futuro a la PMA (Procreación Médicamente Asistida) y los vientres de alquiler. Pese al voto de ayer, los «anti», que han programado una nueva convocatoria el 26 de mayo, no pretenden darse por vencidos. Se sienten ignorados y su principal reproche al Gobierno, al que reclaman un referéndum, es no haber escuchado el clamor del millón y medio de personas que en marzo se manifestaron en contra. «Estamos yendo hacia una dictadura», se indignaba una madre de familia el pasado domingo en la macroconcentración de París. Tampoco el centro derecha, que se ha opuesto ferozmente a este texto presentando más de 5.000 enmiendas, pretende cesar su lucha. Ayer mismo lo recurrió ante el Consejo Constitucional, cuyo visto bueno es decisivo para poder promulgar la ley.

En medio de este clima de tensión, partidarios y detractores salieron ayer a las calles del país obligando al Gobierno galo a reforzar la seguridad en la capital, donde se apostaron más de un millar de policías para evitar altercados.