La cacería chavista se vuelve contra los militares críticos

Maduro ordena la captura de los soldados disidentes que huyeron tras el alzamiento de Paramacay y de todos los sospechosos de apoyarles, en el preámbulo de lo que podría ser una nueva limpieza en las Fuerzas Armadas

Continúa la cacería. Misión: encontrar a los diez hombres que habrían participado en el ataque perpetrado la madrugada del domingo contra una base del Ejército en Valencia, Carabobo, fugándose con el armamento adquirido allí. Helicópteros sobrevuelan la zona, hay barricadas, tanques, se producen explosiones... La tensión se apodera de la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, donde el Gobierno denunció el asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay. Los mandos militares y el Gobierno aseguraron haber repelido completamente el asalto rebelde a uno de los fuertes castrenses de mayor poder del país. Pero la alerta continúa.

Así lo informó por televisión el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que la acción había sido obra de «20 mercenarios». Además, dijo que se saldó con dos asaltantes muertos, un herido y siete detenidos. Sin embargo, diez de ellos huyeron con armas robadas en la dependencia militar. Según el régimen, los detenidos confesaron haber sido contratados «por activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros».

El chavismo acusa a la oposición de estar conspirando para que se produzca una intervención extranjera en el país, que está bajo una grave crisis económica y política. En el comunicado de las Fuerzas Armadas se calificó el ataque como un «show propagandístico, una entelequia, un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores». Pero por si acaso se busca, en colaboración con los servicios de Inteligancia, cualquier apoyo que pudieran tener los sublevados en el Ejército. Porque el asalto ha empezado a despertar suspicacias. Para la analista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la incursión militar en el fuerte Paramacay que el Gobierno presentó como una sublevación, sólo servirá para justificar la persecución y «operativos futuros de limpieza en el seno de las Fuerzas Armadas».

La presidenta de Control Ciudadano recordó que el oficial presentado como líder de la asonada, Juan Caguaripano, ya se había pronunciado en 2014, estaba fichado por el Ejército y se encontraba prófugo desde entonces. «¿El Sebin respondiendo a un alzamiento militar? ¿Un oficial que se había rebelado en 2014 aparece de nuevo en esa brigada? Huele a falso positivo», dice la experta.

De hecho, la coalición opositora, la MUD, ya ha pedido que se abran investigaciones al respecto. Pero el hecho de que Maduro haya usurpado también la Asamblea Nacional al instaurar su Constituyente no les facilitará la tarea.

Por otro lado, el ala dura del chavismo aceptó ayer una derrota, tras el anuncio del propio presidente de trasladar la sede de la Asamblea Constituyente fuera del Palacio Legislativo (donde está la Asamblea Nacional legítima dominada por la oposición) y ceder así en su intento de desplazar a los parlamentarios opositores. Según anunció Maduro, los constituyentes se reunirán en los espacios de la Casa Amarilla, edificio en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. También usarán el Teatro Bolívar y el Teatro Principal. La decisión es un revés para Diosdado Cabello, quien había manifestado su intención de avanzar sobre los espacios controlados por la oposición. «Está muy claro que la Asamblea Constituyente debe funcionar desde el Palacio Federal Legislativo. No sólo en el Salón Elíptico, sino en todas las áreas administrativas, el Hemiciclo, todo», señaló.

La Mesa Directiva del Parlamento había anunciado su intención de defender su lugar habitual de funcionamiento y programó sesiones de comisiones y una sesión extraordinaria del pleno para ayer. Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, agradeció a Maduro la decisión y aseguró que con ello podrán trabajar «con tranquilidad y armonía».

Ayer, la ANC, conformada por partidarios del régimen chavista y con poderes casi ilimitados, instaló una Comisión de la verdad, con el objetivo de investigar los hechos de violencia «con fines políticos» ocurridos durante los últimos años. Rodríguez, futura titular del comité, adelantó que tendrá «amplias facultades plenipotenciarias» y que las recomendaciones que de ella emanen «serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público». Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la Comisión de la verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que para esa fecha había cobrado ya una treintena de las muertes y que a día de hoy superan el centenar. Según la ONG Foro Penal, que cifra en 4.500 los arrestos, un millar de los detenidos siguen presos, unas 300 por orden de tribunales militares.

La idea de esa comisión surgió después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destituida el sábado por la propia Constituyente, hiciera una serie de críticas por la «excesiva represión» de los cuerpos de seguridad y desvelara una investigación que apunta a que la muerte de un estudiante en una protesta pudo ser causada por un militar y no por un manifestante como venía sugiriendo el Gobierno.

Por su parte, la oposición teme que la Comisión se convierta en una especie de órgano inquisidor encargado de perseguir a los diputados disidentes. Es más, nadie descarta que los presos más mediáticos de Venezuela, como el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, o el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma sean sometidos a este «teatro» chavista.

En medio de este caos, ayer, las páginas web de varias instituciones públicas de Venezuela fueron pirateadas por «hackers» que pidieron protestar contra el Gobierno de Maduro. «Nuestra lucha es digital. Tú trancas las calles y nosotros las redes», fue el eslogan del ataque contra del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, entre otras.

Juan Caguaripano Scott es el comandante de la 41 Brigada Blindada del estado venezolano de Carabobo que llevó a cabo la «operación David». Estaba adscrito a la brigada antiextorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y es buscado por el Gobierno desde 2014 por una presunta rebelión militar contra el presidente. En ese mismo año realizó un vídeo en la clandestinidad en el que hizo un llamamiento a sus compañeros de armas a que «reflexionen y salven a tiempo» al país.

Como consecuencia del vídeo, se dictó una orden de arresto para Caguaripano y otros 30 militares y guardias nacionales. Todos acusados de intentar un golpe de Estado. Desde este momento –2014– se encontraría en la clandestinidad, de la que habría salido el pasado domingo para declararse en «rebeldía». Todavía se le sigue buscando.