Túnez: La revolución agrava la brecha social siete años después

En el aniversario de las protestas que derrocaron al dictador Ben Ali, los tunecinos volvieron a salir a la calle en contra de la corrupción, la carestía de la vida y la austeridad. El Gobierno trata de aplacar el malestar con ayudas a las clases más pobres.

Hace siete años, los tunecinos salieron a las calles para protestar por la rampante corrupción, la subida de los precios y el desempleo rampante. Aquellas manifestaciones multitudinarias conocidas como la Revuelta del Jazmín, pusieron fin al régimen del presidente Zine Al Abidine Ben Ali, que gobernaba Túnez desde 1987. Tal día como ayer, siete años después, los tunecinos volvieron a las calles para protestar por los mismos problemas que sufrieron bajo la dictadura, como la corrupción política, la tasa de desempleo que supera el 15% y la subida de los precios. ¿Qué es lo que ha fallado en la transición democrática de Túnez? Desde la céntrica avenida Habib Bourguiba, en la capital tunecina, miles de manifestantes gritaron: «Trabajo, libertad y dignidad nacional».

Si bien el país más pequeño del norte de África tiene una nueva Constitución, mejorar su economía un 2% pese a los atentados yihadistas contra el turismo, y que sus habitantes gocen de unas libertades y tolerancia religiosa que antes no tenían, la desigualdad es la asignatura pendiente.

Siete años después, las ciudades costeras siguen beneficiándose de mejores infraestructuras y una economía diversificada, mientras que las comunidades del interior luchan contra la rampante pobreza, los bajos niveles de educación y la falta de acceso a los servibios básicos como el agua, la sanidad, las carreteras y la energía. Además, la tolerancia religiosa tiene también su lado oscuro, ya que este pequeño país norteafricano ha sido una de las mayores canteras de yihadistas para las filas del Estado Islámico.

Tras una semana de disturbios en las principales ciudades de Túnez que se ha saldado con 800 detenidos, las negociaciones de última hora entre la oposición y los colectivos que han movilizado las protestas y las autoridades han conseguido rebajar la tensión. El Gobierno prometió el sábado por la noche subir las ayudas mensuales a los hogares más pobres de 150 dinares (50 euros) a 210 dinares (70 euros), en función del tamaño de la unidad familiar. Con ellas se beneficiarán 120.000 familias. Se comprometió también a avalar a unas 500.000 familias con ingresos bajos para que puedan recibir un préstamo hipotecario y acceder a una vivienda digna.

Sin embargo, para el colectivo «Fech Nestannu» («A qué estamos esperando»), coordinador de las protestas, las nuevas medidas no son suficientes y piden al Gobierno tunecino que suspenda la ley de finanzas de 2018, se vuelva a los precios iniciales de los productos básicos y se contrate a una persona de cada familia pobre. Sin embargo, el ministro de Comercio, Omar el Bahi, insistió en que el Ejecutivo no va a retirar unos presupuestos generales del Estado «aprobados por el Parlamento».

Los disturbios por la crisis económica representan uno de los desafíos más graves para el actual Gobierno, que se formó a finales de 2016. La economía de Túnez ha experimentado una fuerte de-saceleración con la caída de las inversiones y de las exportaciones, especialmente a la Unión Europea, su principal socio comercial. También ha caído la producción de sus sectores no manufactureros y los ingresos por turismo debido a los ataques terroristas, lo que ha aumentado el paro y afectado a la recuperación. El turismo es la principal industria del país magrebí y aporta el 10% del PIB y el 15% de los empleos, de manera que el golpe a este sector daña la estabilidad política y económica.

Para frenar la situación y que la economía no caiga en bancarrota, las autoridades han tenido que aplicar un plan de medidas de austeridad para poder reducir el gasto a cambio de un préstamo de 2.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para poder cumplir con su compromiso con el FMI, el Ejecutivo tuvo que subir los impuestos en diversos sectores y ha emprendido una política de despidos y prejubilaciones en la función pública que afecta a más de un millón de funcionarios.

Protestas cíclicas

Los recortes de los subsidios agravaron aún más la situación en un país donde la tasa de desempleo juvenil supera el 25% y la inflación anual alcanzó el 6,4% a finales de 2017. Teniendo en cuenta que el salario mínimo es de unos 125 euros al mes, muchas familias están luchando contra viento y marea para poder sobrevivir. No es la primera vez que los tunecinos salen a protestar cuando el hambre llama a la puerta.

En realidad, Túnez tiene un largo historial de protestas masivas y violentas. En la década de los 80 la llamada Revuelta del Pan, por el aumento del precio de este alimento subsidiario, acabó con la muerte de más de un centenar de manifestantes en las calles. «He pedido trabajo y me dicen que no hay. He pedido un lugar donde hacer cine o teatro y me dicen que no. Hoy he salido a la calle para defender mis derechos», explicaba ayer Hassan Jethri. «Estos perros de Ennahda están terminando con el país. Quiero enviar un mensaje al presidente: no podrás acallar al pueblo. Tu sistema no funcionará. El pueblo os conoce y no se callará», agregó.

Ahora la inestabilidad perjudica ante todo a los islamistas de Ennahda, socio en la actual coalición de Gobierno, que controlan el Parlamento y aspiran a ganar las elecciones municipales de mayo, que serán las primeras desde el triunfo hace siete años de la revuelta. Si se cumplen los pronósticos, su posible victoria electoral los colocaría en una posición de privilegio de cara a las presidenciales de 2019. Tampoco vienen bien al Gobierno, que al igual que la UE y los Estados vecinos teme que las protestas puedan ser utilizadas por los movimientos yihadistas para tratar de desestabilizar el país magrebí.