La Justicia argentina golpea al círculo de Cristina Fernández

Amado Boudou, ex vicepresidente con la líder peronista, ingresa en la cárcel acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde 2009, cuando fue nombrado ministro de Economía. Se suma así a Julio de Vido, ex titular de Planificación, y a una larga lista de dirigentes procesados.

Poco a poco va cayendo la guardia pretoriana de la reina peronista Cristina Fernández de Kirchner. Esos cancerberos fieles que tocaron el cielo con las manos, que sirvieron a la causa y que ahora parecen deambular sin rumbo, como «bastardos» huérfanos a los que su mentora ha abandonado a su suerte. El ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou fue detenido ayer acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por orden de un juez federal, sumándose así a otros miembros del Gobierno de Fernández que se encuentran bajo arresto o son investigados.

Boudou, una de las figuras más controvertidas del kirchnerismo, fue detenido en su casa de Buenos Aires por la Policía guardacostas y fue llevado ante el juez federal Ariel Lijo para ser interrogado, según confirmó a LA RAZÓN un funcionario del juzgado. Los canales de televisión mostraron imágenes de la detención. Se le podía ver con cara de dormido, en pijama, sorprendido por el arresto en su lujoso apartamento del barrio de Puerto Madero, con vistas al Hotel Hilton.

En su orden de detención, el juez considera que los investigados se dedicaron a cometer delitos «para la obtención de beneficios económicos» y que la asociación ilícita funcionó al menos desde 2009, cuando Boudou asumió el cargo de ministro de Economía, hasta diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente.

Según la Justicia, en torno a esta asociación se desarrolló un «intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios».

Según el magistrado, entre las presuntas maniobras ilegales estaría la adquisición de 19 vehículos «en subasta privada direccionada por parte del Ministerio de Economía». En cuanto al supuesto lavado de activos, el juez sospecha que Boudou y su socio Núñez Carmona «pusieron en circulación en el mercado legal» las sumas no declaradas y de origen ilícito de 240.000 y 795.000 dólares a través de un blanqueo estipulado por una ley y posteriormente ingresarlos «al grupo societario que compartían».

Básicamente el juez empezó a comprobar la declaración de bienes del ex ministro, y a seguir el rastro de cuentas abiertas en paraísos fiscales, coches y motos de lujo, y apartamentos adquiridos a nombre de familiares y novias. Y claro, las cuentas no cuadraban.

Por su parte, Eduardo Durañona, abogado de Boudou, se mostró también sorprendido por la detención y descartó en declaraciones a la Prensa que su cliente tuviera la intención de fugarse o de obstruir la investigación debido a que «siempre estuvo a derecho». El ex vicepresidente afronta en la actualidad también un juicio por la supuesta adquisición irregular de la única imprenta de billetes de curso legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández, conocido como el escándalo Ciccone.

Los jueces lanzaron una ofensiva contra antiguos funcionarios por supuestos actos de corrupción a pocos días de que el oficialismo se alzara con una victoria en las elecciones legislativas, lo que supuso un espaldarazo político para el presidente Mauricio Macri. Días atrás fue detenido Julio de Vido, el poderoso ministro de Planificación Federal durante la presidencia de Fernández y la de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007). Está acusado de presunto fraude al Estado y malversación de fondos. El «Arquitecto» –como se le conocía– llegó a manejar cerca de 300.000 millones de dólares durante más de una década al frente del ministerio. Él es quien más preocupa a la ex mandataria, ya que De Vido conoce todos los recovecos y entramados del laberinto kirchnerista. Era, además, quien administraba y recaudaba para el partido.

En las elecciones legislativas, Fernández obtuvo un asiento como senadora nacional, lo que le otorga inmunidad parlamentaria para no ser detenida en las causas en su contra por supuestos actos de corrupción y en la del presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994.

Para ser detenida, si un juez así lo requiriera, debería ser sometida a juicio político en el Senado y destituida por dos tercios de los legisladores presentes. Fernández asumirá su escaño el 10 de diciembre. Según analistas consultados por este diario, parece difícil que sea detenida antes de esta fecha pero nada es predecible después de los últimos movimientos realizados por la la Justicia.