La pregunta sobre la ciudadanía que indigna a Estado Unidos

Delimitará las circunscripciones electorales en detrimento de los distritos demócratas.

El gobierno de EEUU, a través del departamento de Comercio, pretende incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el próximo censo, el de 2020. Una cuestión aparentemente inocua. Pero que ha indignado a los colectivos de inmigrantes y, de paso, a las alcaldías y a Estados donde estos se cuentan por millones.

Explica Howard Shih, director de Investigación y Políticas de la Asian American Federation, que «la última vez que el censo pregunto a alguien si era ciudadano fue en 1950, cuando el número de inmigrantes en EEUU estaba cerca de su mínimo histórico».

Para Jennifer Van Hook, profesora de Sociología y Demografía Universidad Estatal de Pensilvania, la principal preocupación tiene que ver con «el miedo y la desconfianza que puede generar hacia el gobierno, especialmente entre los inmigrantes indocumentados y/o sus familiares. Aunque el censo de EEUU no puede compartir la información con otras agencias gubernamentales puede que los inmigrantes no lo comprendan, o no se lo crean, y sobre todo ahora, con la retórica antiinmigración de la Administración Trump. Este miedo, esta desconfianza reducirían el número de inmigrantes que proporcionan información detallada de ellos mismos y sus familiares».

Según Clarissa Martínez-de-Castro, vicepresidenta de la Oficina de Investigación y Legislación de unidosUS, «la administración trata de sabotear el censo y su obligación constitucional de proporcionar un recuento fiable de toda la gente del país. Hay una razón por la que estas preguntas se prueban de forma rigurosa. Para saber cómo pueden afectar a los números de las respuestas. El último estudio de campo se está concluyendo ahora mismo, y la administración ha esperado al último minuto para introducir este cambio sin que dé tiempo a probarlo. Y eso que está documentado que algunos comunidades, incluida la latina, están subrepresentadas en el censo. De ahí la importancia de un proceso riguroso que extreme las precauciones. Este cambio de última hora introduce un elemento de caos y aspira a intimidar a la gente. Sobre todo en un contexto en el que cada vez hay más dudas respecto al uso de la información confidencial. Algo especialmente preocupante para los inmigrantes, y para las familias de estatus mixto (que incluyen ciudadanos estadounidenses, inmigrantes legales e indocumentados), debido a que han presenciado abusos de poder por parte de esta administración, que está persiguiendo a las poblaciones inmigrantes. La administración parece intentar desviar los recursos de muchas comunidades y disminuir su voz política. El impacto perjudicial afectaría a millones de familias, tanto inmigrantes como ciudadanos».

En la Asian American Federation comparten sus temores. Al decir de Shih, «la inclusión a última hora de una pregunta sobre la ciudadanía, y especialmente con una administración así, resulta muy sospechosa. La explicación es que pretenden reforzar los derechos de voto. Pero el actual fiscal general, que hizo la solicitud, estaba activamente en contra de la aplicación de esas garantías cuando era senador. Además, al añadirse al censo en el último momento, elude la propia política de la Oficina del Censo, que siempre planifica y evalúa cuidadosamente el impacto de nuevas preguntas a fin de disminuir un posible impacto negativo. Los inmigrantes, sobre todo los que temen el escrutinio gubernamental, no querrán dar datos personales si temen que sean usados en su contra. La comunidad asiática es muy sensible a este problema. Hay que recordar las acciones contra la comunidad japonesa durante la II Guerra Mundial, que estuvieron basadas en los datos del censo. De hecho, las leyes que protegen esos datos fueron aprobadas después de la guerra como respuesta a esta quiebra de la confianza».

Supongamos que los inmigrantes ilegales, no menos de 11 millones, y sus familiares con papeles, deciden no responder a los encuestadores. ¿Qué consecuencias prácticas podría tener más allá de la distorsión estadística? «El Congreso tiene un total de 435 asientos», explica Shih, «y la población relativa de un Estado es extremadamente importante para distribuirlos. Una vez que han sido distribuidos, los Estados a su vez deciden sobre las fronteras de cada uno de los distritos, que pueden diseñarse para mantener comunidades y grupos juntos en un solo distrito o bien para dividirlos y diluir sus votos». Además, «el censo se usa para distribuir los fondos de los programas federales, así como para predecir donde hay que financiar los próximos colegios e infraestructuras». O como aclara la profesora Van Hook, el censo es crucial para que «los representantes se distribuyan equitativamente entre los Estados. Los gobiernos federales y estatales administran programas y distribuyen miles de millones de dólares entre las comunidades según el tamaño de la población. Si los recuentos son inexactos provocarán desigualdades tanto en el poder político como en los programas y recursos del gobierno».

En su importancia también incide Clarissa Martínez-de-Castro: «El censo sirve para rediseñar los distritos electorales, lo que afecta la configuración del Congreso, y para decidir sobre 675 mil millones anuales en fondos federales, estatales y locales para nuevas escuelas, carreteras, hospitales, centros de cuidado infantil y centros para personas mayores. Así mismo proporciona la base de innumerables estudios gubernamentales y académicos decisivos para tomar decisiones de política pública».

De momento el fiscal general de California, Xavier Becerra, anuncia un recurso en los tribunales. En un artículo publicado en el San Francisco Chronicle, escribe que la pregunta influirá en todo tipo de cuestiones: «El tamaño de la clase de tu hijo. Los fondos de seguridad nacional para cada comunidad. La preparación para desastres naturales. Los recursos para autopistas. Los servicios de salud y sala de emergencia...».

Alerta Hook de que los resultados «podrían ser usados por la Agencia de Control y Vigilancia de la Inmigración para delimitar donde viven los ilegales. El censo no le preguntará a la gente directamente si es indocumentada, preguntará si son o no ciudadanos. Pero la mitad de los no ciudadanos carece de papeles. Con lo que saber su estatus como ciudadano permite afinar bastante para encontrar a los indocumentados. Aunque el censo no revela las direcciones sí proporciona las características de los vecindarios. Una información que podría usarse para identificar los vecindarios».

«Muchos Estados acudirán a los tribunales», comenta Shih, «pero no soy abogado, así que no sé si sus recursos serán efectivos». Para Van Hook, «las posibilidades de que prosperen dependen de la solidez de las evidencias. Ahora mismo han comenzado a planificando una serie de estudios e investigaciones para proporcionarlas». Al mismo tiempo son varios los congresistas que tratan de sacar adelante propuestas capaces de vetar la pregunta, pero no serán efectivos si la próximas elecciones no alteran sustancialmente la mayoría en el legislativo. «Finalmente», añade Schich, «necesitamos averiguar cómo disminuir el impacto de esta decisión mientras subrayamos la importancia de que la gente se implique. Todo un reto si tenemos en cuenta que 7 de cada 10 asiáticos en la ciudad de Nueva York han nacido en el extranjero».