Grecia ofrece una reforma de las pensiones y los tributos para obtener 52.000 millones

El IVA subirá del 6,5% al 13% en los hoteles y artículos de lujo y del 13 al 23% en restaurantes. La propuesta a la troika, con más impuestos a las navieras, se votará hoy en el Parlamento.

La asfixia económica de Grecia en los últimos cinco meses, y especialmente en las dos semanas de corralito, han terminado por ahogar al Gobierno heleno, que tendrá que aplicar recortes de pensiones y subida de impuestos para cumplir con las metas fiscales exigidas por los acreedores: 1% de superávit primario para este año, un 2% para 2016 y un 3% para 2017. El deterioro de la economía estos últimos meses, especialmente con la imposición del corralito, obliga a Atenas a realizar todavía más concesiones para cumplir esos objetivos, aunque deja la puerta abierta a una posible revisión.

En cuanto al IVA, el plan contempla la aplicación de la tasa del 23% para restaurantes y aumenta del 6,5% al 13% el tributo para los hoteles. Además, el Gobierno griego se compromete a eliminar la reducción impositiva del 30% para las islas a partir de 2016, uno de los asuntos más espinosos hasta ahora. La propuesta incluye, además, una subida del 26% al 28% en el tributo de sociedades (el Gobierno quería un aumento hasta el 29%).

Por otro lado, también se endurece la reforma de las pensiones. Atenas acepta la eliminación progresiva del EKAS (subsidio para jubilados con rentas más bajas) hasta 2019, tal y como exigían los acreedores. Asimismo, la propuesta pide la suspensión de la «cláusula de déficit cero» para las pensiones –es decir, ajustar el gasto en pensiones a los objetivos fiscales– hasta octubre de este año, cuando se aplicará la reforma de esa prestación.

Otra concesión, ésta destinada a engrosar de forma inmediata las arcas públicas, se centra en las privatizaciones. Grecia se compromete a vender 14 aeropuertos regionales, el Puerto del Pireo –como muy tarde antes de octubre– y el de Salónica, así como el antiguo aeropuerto de Elliniko –símbolo de la resistencia para Syriza durante la campaña electoral–. Ahora también incluye la compañía telefónica estatal, Ote, en el catálogo de bienes públicos en venta.

Por último, el Gobierno de Alexis Tsipras cede algo de terreno en el recorte del gasto en Defensa, por valor de 300 millones de euros. La anterior propuesta contemplaba 200 millones, mientras que los acreedores pedían 400 millones de ahorro. El diseño de esas medidas se cerró ayer en un Consejo de Ministros que duró cinco horas. El paquete de reformas permitirá ingresar 13.000 millones de euros en los dos primeros años, según filtraciones en la prensa local, 5.000 millones más de austeridad respecto a la última oferta de Atenas.

La propuesta dista mucho de las expectativas del Gobierno heleno y se acerca todavía más a la propuesta de los socios –del día 25 de junio– rechazada de forma masiva en el referéndum. La escasez de liquidez, el control de capitales y un duro calendario de vencimientos de deuda han puesto entre las cuerdas al Ejecutivo izquierdista, que ahora debe aplicar medidas más drásticas para cumplir las metas fiscales exigidas por los acreedores. La economía ha caído un 3% en lo que va de año, según estimaciones, en lugar de avanzar el 0,5% esperado.

En la carta de solicitud del tercer rescate enviada el martes, Atenas admitió la «urgencia» de la situación y la «fragilidad» del sistema financiero, que le obligaron a dar marcha atrás en cuestiones simbólicas. Para empezar, el Gobierno griego pidió un nuevo memorándum por tres años, en lugar de dos, como habían planteado antes del referéndum. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 70.000 millones de euros el coste de ese programa, aunque algunas filtraciones apuntan a los 50.000 millones.

Por otro lado, Grecia se compromete a «implementar las medidas de inmediato (...) tan pronto como a comienzos de la próxima semana», cuando en la anterior propuesta defendían un margen hasta octubre. Entre otras medidas avanzadas, la reforma de las pensiones, que supondrá un recorte en el gasto destinado a esta prestación.

Otro de los puntos donde Atenas echa el freno es en la reestructuración de la deuda. El documento de una página dice: «Como parte de futuras discusiones, Grecia espera la oportunidad de explorar la toma de medidas para que la deuda ligada al sector público sea viable y sostenible a largo plazo». Es decir, el Gobierno izquierdista ya no exige un alivio automático de la deuda, sino el inicio de un debate sobre el asunto. Con la soga al cuello, Tsipras ha preferido no apartar el taburete. Grecia todavía debe abonar 1.600 millones de euros al Fondo –tras el impago el 30 de junio– y en diez días tendrá que afrontar una devolución de préstamo de 3.500 millones al Banco Central Europeo (BCE), cuyo incumplimiento supone la quiebra de forma automática. El 20 de agosto le espera otro pago de 3.200 millones al BCE. Esa propuesta debe ser ratificada por los jefes de Estado en el Consejo Europeo del domingo. Lo contrario significaría la salida de Grecia del euro.