Los católicos libran la última batalla contra el «Obamacare»

Fueron las monjas las que dieron el empujón definitivo en marzo de 2010 para que se aprobase la reforma sanitaria y Barack Obama pudiese cantar victoria. Más de tres años después de la votación de la ley, son las monjas de nuevo las que llenan los titulares de la prensa sobre la controvertida reforma sanitaria. Esta vez son las Hermanitas de los Pobres, de Denver quienes dan la espalda al presidente de EE UU tras haber conseguido un aplazamiento para evitar costear los planes anticonceptivos de sus empleadas que sobre el papel les cubre el seguro médico. En opinión de las monjas, esta medida ataca sus convicciones religiosas.

Todo a pesar de que 50.000 de estas religiosas suscribieron en el año 2010 una carta de apoyo a la reforma sanitaria. El entonces conocido y hoy olvidado congresista demócrata Bart Stupak, de Ohio, se opuso a la misma, debido a sus convicciones religiosas. Durante los últimos días de negociaciones en marzo de 2010, el legislador fundamentó su negativa a apoyar la iniciativa de su partido por el posible respaldo de la ley sanitaria al aborto. Desde muchas organizaciones religiosas sin ánimo de lucro ya se llamó entonces la atención sobre que esta ley les traería problemas de conciencia al obligarles a costear los anticonceptivos de sus empleados.

Ahora vuelven a la mesa de debate las preocupaciones de entonces. Una jueza del Tribunal Supremo, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, decidió otorgar a estas monjas la citada gracia el martes en el último momento, la víspera de Año Nuevo, ya que la ley sanitaria entró en vigor el 1 de enero.

Sin embargo, ayer los abogados del Departamento de Justicia respondieron con una petición a la Corte Suprema de que se obligue a estas religiosas y a otros grupos a costear los programas anticonceptivos y reproductivos de sus empleados. Así las cosas, la controvertida reforma sanitria vuelve a ser abordada en el Supremo de Estados Unidos.

En su respuesta, Justicia indica que el grupo no tiene argumentos al considerar que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden certificar que no desean proporcionar anticonceptivos a sus empleados. En cambio, desde las Hermanitas de los Pobres y otros grupos, se insiste en que al presentar siquiera la petición para no ofrecer a sus trabajadores estos programas se viola sus creencias religiosas. Su representante legal, Mark Rienzi, explica que «el Gobierno exige que las Hermanitas de los Pobres firmen un permiso para comprar drogas del aborto o anticonceptivos, o paguen millones en multas».

En consecuencia, será la jueza Sotomayor, nombrada por el presidente Obama con la intención de equilibrar este conservador tribunal, quien tenga que decidir cómo se librará la próxima batalla sobre el «Obamacare». Tendrá que mantener esta decisión, disolverla o llevarla ante el resto de jueces que forman el Alto Tribunal, que deberían revisar el caso en los próximos meses. Con este y otros casos, la historia dirá si Obama se equivocó al considerar a la jueza de origen latino y criada en el Bronx para el Supremo.

De momento, los jueces de esta corte ya han aceptado examinar otros dos casos diferentes sobre el requerimiento de que organizaciones religiosas que, a diferencia de las Hermanas del Pobres, tienen ánimo de lucro, costean los planes anticonceptivos de sus empleados.

Según se detalla en la ley sanitaria, las iglesias y los centros de oración están exentos del mandato de costear los anticonceptivos. Pero la controversia surge con los hospitales, escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro, como las Hermanitas de los Pobres. En este caso, el «Obamacare» establece que deben proporcionar una cobertura médica con planes anticonceptivos o costearlos a través de una tercera parte sin intervención alguna del empleado.