Los deberes helenos

1. Reforma del IVA

El Parlamento griego deberá aprobar, con fecha límite de 15 de julio, la reforma y el «cambio de régimen» del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El objetivo de esta medida es que «aumente la base imponible del tributo y eleve la recaudación», según se desprende del acuerdo. Los acreedores reclamaron antes del fin de semana un tipo general del 23% (frente al 18% actual) y un reducido del 13% (hoy es del 9,5%), este último aplicable sólo a comida, energía, hoteles y agua. Además, abrieron la puerta a un último tramo del 6% para productos farmacéuticos, libros y teatro.

2. Nuevo sistema de pensiones

El acuerdo con los acreedores europeos también obliga a Atenas a «afrontar medidas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones como parte de una reforma completa del mismo». La edad de jubilación se elevará previsiblemente hasta los 67 años o una cotización de 40 años para mayores de 62 años. Los acreedores también solicitaron la congelación de las prestaciones contributivas hasta 2021 y una subida desde el 4% hasta el 6% de la contribución de los pensionistas al sistema sanitario. En virtud de las demandas preliminares, Atenas eliminaría progresivamente la subvención del Estado al 20% de las pensiones con mejores prestaciones al colectivo de jubilados más desfavorecidos que recibe ayudas.

3. Independencia estadística

El acuerdo con el Eurogrupo también insta al Gobierno de Tsipras a asegurar la «salvaguarda de la completa independencia de Elstat», la oficina estadística griega. Este organismo está acusado de manipular las cifras de déficit y deuda pública de Grecia en los años 2009 y 2010, con el respaldo del banco de inversión Goldman Sachs. A la postre, el reconocimiento del fraude estadístico de la economía helena derivó en la crisis del país y en su primer rescate.

4. Plan de Estabilidad

El acuerdo también obliga a Atenas a «la completa implementación de las provisiones relevantes del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno de la Unión Monetaria y Económica (UME)». En concreto, los acreedores piden «introducir recortes casi automáticos de gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones de los ambiciosos objetivos de superávit primario».

5. Código Civil

Después de las cuatro reformas anteriores, y antes del 22 de julio, las autoridades helenas deberán adoptar reformas en el Código Civil para «acelerar los procesos judiciales y reducir costes».

6. Directiva bancaria

El acuerdo alcanzado ayer también establece que Atenas deberá «trasponer la Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos de la Unión Europea (UE)», con el respaldo de la Comisión Europea.

7. Privatizaciones

El pacto con los acreedores europeos también contempla un «programa de privatizaciones de activos actualmente en manos del Gobierno». «La monetización de activos será una de las fuentes para la devolución del capital» y deberá generar capital «durante toda la vida útil del préstamo», que asciende a un total de «50.000 millones de euros». Del total, «25.000 millones se destinarán a recapitalizar la banca y otros activos», mientras que el resto se destinará a partes iguales a «reducir la deuda y a inversiones».

8. Mayor competitividad

Para garantizar la sostenibilidad de la economía griega, el Eurogrupo propone «reformas más ambiciosas del mercado de bienes, con un calendario claro y preciso de implementación de las medidas de la OCDE para recuperar la competitividad». El paquete de recomendaciones del organismo que dirige Ángel Gurría contempla «apertura de comercios los domingos, periodos de rebajas y cambios en la propiedad de farmacias o panaderías», entre otros aspectos.

9. Mercado energético

Bruselas pide al Gobierno que privatice «el operador de la red eléctrica (Admie)», aunque abre la puerta a «medidas alternativas que pudieran ser implementadas con un efecto equivalente, en términos de competencia, en el sector energético».

10. Mercado laboral

Atenas deberá realizar «un severo análisis y una modernización de la negociación colectiva, de las acciones industriales y, en línea con la directiva comunitaria de buenas prácticas, del marco de los despidos colectivos». Cualquier cambio no debe suponer «una vuelta a políticas pasadas, que no son compatibles con los objetivos de crecimiento sostenible».