Los indígenas de Ecuador, una fuerza irrefrenable

Han conseguido derrocar a tres presidentes desde 1997. Ahora el de Lenín Moreno trata de llegar a acuerdos para frenarlos en su nueva arremetida. La Conaie dirige la protesta. La cuarta parte del país, paralizada.

Entender con claridad la cosmovisión, tiempos o la racionalidad de los indígenas de Sudamérica, particularmente de Ecuador es complejo. Ningún Gobierno lo ha hecho, ni siquiera el de Lenín Moreno, cuyo gabinete padece la peor crisis social, política y económica desde que asumió la dirección del país el 24 de mayo de 2017.

Hoy se cumplen 12 días de protesta. El saldo: un millar de detenidos, miles de millones en pérdidas, la cuarta parte del país paralizada, especialmente Quito, tomada por los manifestantes; y una decena de muertos, entre ellos, un agricultor y dirigente que se ha convertido en símbolo de la resistencia, Inocencio Tucumbi, de 50 años, que dejó su comunidad -a 115 kilómetros de Quito- para llegar a la capital, caminando, junto a su esposa y tres de sus siete hijos. Tras el luto, la familia volvió a las calles a protestar.

“¡Ellos están poniendo los muertos! Sería mezquino que cualquier organización política y social quiera atribuirse esta lucha y esta bandera histórica”, dice Paola Pabón, Prefecta de Pichincha.

No se van a ir con las manos vacías. “No tienen apuro en volverse. Su concepción de la vida es distinta. El régimen quiere solucionar los problemas indígenas con las mismas políticas clientelistas de las masas urbanas. Eso es imposible”. Lo dice Javier Ponce, periodista, escritor y exministro de Defensa y Agricultura, quien ha investigado a estas comunidades en las últimas cuatro décadas.

Las imágenes que el mundo ve de un Ecuador convulsionado pueden sorprender, sobre todo por la participación de las mujeres. Ellas, ataviadas con coloridos ponchos, anacos y collares, con sus hijos a cuestas, están al frente de las marchas. “Hay una renovación del movimiento indígena. Y sí, la mujer es clave en la toma de decisiones. Siempre lo ha sido. Desde nuestra visión occidental, puede resultar una postal curiosa o extraña, pero no: ellos han hecho historia”, recalca el especialista.

Aquellos hombres y mujeres han dejado sus montañas y páramos de la serranía ecuatoriana y la agreste selva de la región Amazónica para llegar -incluso a pie- hasta el centro del poder a reclamar. Fueron ellos quienes derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (1999) y Lucio Gutiérrez (2005).

La protesta la dirige la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), fundada en 1986 y que en 1990 impulsó el primer levantamiento. Entonces, miles se movilizaron hacia Quito, dejaron de ser invisibles y consiguieron 2,3 millones de hectáreas de tierra.

La Conaie agrupa a más de 180 organizaciones y tiene representación en 16 de las 24 provincias del país. Han existido otras como la FEI, Fenocín y la Feine. Ello también ha evidenciado la división indígena y la dificultad de conseguir un discurso homogéneo. Es lo que ha ocurrido en las conversaciones con el gabinete de Moreno.

“Ellos son vistos por los mestizos, mayoría en Ecuador, como tercos y rudos. El mundo indígena ha sido históricamente segregado. Su accionar es una respuesta al racismo que viven a diario; solo confían en sus iguales”, matiza el investigador Pablo Romero, de la Universidad Politécnica Salesiana.

Aunque representa un 25% de la población (Ecuador tiene 16 millones de habitantes), el pueblo indígena ha sido relegado. Padece la falta de servicios básicos; aún hay comunidades sin electricidad ni agua potable. Un 50% de sus niños menores de cuatro años sufre de desnutrición crónica, según el Ministerio de Salud. De hecho, en Colta y Cacha, dos poblados de la provincia de Chimborazo, se registra la mayor tasa de analfabetismo: el 50% de la población no sabe leer ni escribir. Son pueblos con hasta el 90% de las necesidades básicas insatisfechas.

En ese escenario, cualquier medida que signifique un alza en el costo de vida -como el retiro de los subsidios que encarecieron los combustibles hasta en un 123%- iba a provocar una reacción de tal magnitud. Algo que el mismo Gobierno -reconoce- no esperaba. Es más: los transportistas que lideraron inicialmente el paro lo depusieron a las 24 horas, sin avizorar que los indígenas lo incrementarían.

La Constitución establece que Ecuador es un país intercultural y plurinacional y, además del castellano, el quechua y el shuar -que hablan los indígenas- son lenguas oficiales, así como los demás idiomas ancestrales de esos pueblos. “Pero no nos reconocemos como tales. Juzgamos al indígena, sin comprenderlo. No nos conocemos como país, con las diferencias marcadas por regiones”, repite Javier Ponce. Las críticas lanzadas hacia ese grupo se dan, particularmente, por los destrozos causados a la propiedad privada y pública. El Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978, el más grande de América, ha sido seriamente afectado. Los indígenas culpan a “vándalos infiltrados”.

Hay incluso libros que han analizado la causa indigenista. Uno de ellos de Víctor Bretón (Desarrollo rural y etnicidad en las tierras altas de Ecuador), que precisa: “Los indígenas consiguieron condensar en la Conaie la que probablemente haya sido hasta el momento la organización identitaria con mayor capacidad de movilización y de interpelación de América Latina”.

La fuerza de Conaie

La Conaie, que agrupa a la Ecuarunari (sierra andina) y Confeniae (Amazonía), tiene en Pachakutik su brazo político de izquierda, creado en 1995. Hoy ese partido ocupa cinco de los 137 escaños del Legislativo, aunque han llegado a obtener hasta un 10% de curules. La Conaie cuenta con 14 nacionalidades y 19 pueblos indígenas. Después del levantamiento nacional del Inti Raymi en junio 1990, se convirtió no solo en la organización indígena más importante, sino en una de las organizaciones sociales hegemónicas del país y del continente.

Para Mónica Franco Pombo, Vicerrectora Académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los indígenas han sido “un grupo centenariamente excluido y movilizado por dirigentes que han buscado su acomodo y no precisamente para superar las exclusiones. Pero por otro lado vivimos en una estructura social que los ha olvidado, postergado miserablemente. La visión de un país que aspira al bienestar común debe generar una política de atención para los grupos vulnerables y, lamentablemente, eso no ha ocurrido. El poder político ha cabalgado sobre los cuerpos de los menos favorecidos; no solo los indígenas, también los afro ecuatorianos o los mestizos que viven en la marginalidad. Los ha utilizado para detentar el poder y luego los ha seguido sepultando en la miseria”.

Un 68% de los pobres en Ecuador es indígena. Las reformas acordadas con el FMI implican el fin de la ayuda, por 1.300 millones de dólares al año, que destinaba el Estado para amortiguar el precio de los combustibles.

Detrás de esa medida se prevé una inflación generalizada. Dedicados a labores agrícolas y comerciales, el primer impacto para los indígenas será el encarecimiento del precio de lo que producen, habitualmente en monocultivo de papa, trigo, cebada, cebolla larga, brócoli o zanahoria. De allí que la investigadora Mónica Franco considera que “solo una gestión de conciliación y de real atención a las necesidades de los más pobres es lo que a futuro podrá garantizar una convivencia sana y pacífica. Lo que ahora ocurre nos enseña, con dolor, que no funcionamos como país y que son urgentes cambios estructurales que nos permitan salir del abismo en el que estamos. Esos cambios deben ser: disminución de la pobreza, educación de calidad y economías sostenibles”. Ella también apunta a un factor extra necesario: respeto a las diferencias en todos los planos. Respeto, algo difícil de conseguir en un Ecuador salpicado de protestas y que no comprende la cosmovisión de los indígenas que tienen al país en ciernes.

Cómo Correa frenó a los indígenas durante una década

El investigador Phillip Altmann, en su artículo El movimiento indígena ecuatoriano como movimiento social, analiza cómo la Conaie perdió poder al ser parte del Gobierno de Lucio Gutiérrez, que fue derrocado en 2005. “Representó el final de la hegemonía de la Conaie. Esto dio un espacio a otras organizaciones, sobre todo la Feine y Fenocín, que lo aprovecharon para ampliar su posición”.

Esta nueva situación plural se hizo más evidente con la llegada de Rafael Correa al poder (2007-2017), el gobierno más largo e ininterrumpido de la historia, que empezó a apoyar a las organizaciones indígenas más pequeñas y fortaleció más a la Fenocín y la Feine. El plan: quitarle legitimidad a la Conaie.

“Otra estrategia del gobierno consiste en integrar dirigentes de las organizaciones indígenas a su gabinete, algo que afectó sobre todo a la Conaie, que perdió una serie de sus líderes históricos. La instalación de una serie de programas de ayuda social y de cooperación al desarrollo por el gobierno, especialmente el bono de desarrollo humano y los programas “socio-páramo” y “socio-bosque”, de protección del medio ambiente, han tenido éxito en involucrar directamente las organizaciones de base, sin pasar por las estructuras de la Conaie y, por lo tanto, debilitándola”.

Un ataque claro de Correa hacia la Conaie es el fin de la autonomía de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe en 2009. Muchos de los líderes indígenas trabajaban como profesores en este sistema. De la misma forma, ese régimen terminó con el control de la Conaie sobre el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), transfiriendo sus funciones a agencias estatales.

Un pueblo con justicia propia

La Constitución de Ecuador, en su artículo 171, permite lo siguiente:

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.