La fiscal general no comparece ante el TSJ y agrava la fractura

El chavismo nombra a una nueva vicefiscal para relevar a Ortega Díaz.

Se estrecha el cerco contra la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acorralada por los magistrados chavistas. Sin embargo, la fiscal, lejos de amedrentarse, enseña los dientes y contraataca. Estaba previsto que ayer Ortega Díaz compareciera ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una audiencia que podría desembocar en su destitución. Aunque finalmente la fiscal no se presentó porque el lunes recusó a 17 magistrados. «Lo hice porque son ilegítimos y anticonstitucionales», destacó la propia Ortega Díaz, quien reconoció en su intervención ante los periodistas que

«sé que esa audiencia en mi contra en el TSJ se va a dar porque éste es un hecho cantado».

En sus declaraciones, la fiscal reafirmó su denuncia sobre la ruptura del hilo constitucional en Venezuela: «Yo dije que hubo ruptura constitucional y sigo insistiendo en eso». «La decisión de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente viola la Constitución», subrayó la fiscal general, quien también hizo hincapié en la profunda crisis que atraviesa la nación petrolera y sostuvo que ella no tiene la culpa del hambre y el desabastecimiento. «Hablé de la escasez de alimentos, de la violación de derechos humanos, de la represión contra los que reclaman por sus derechos», afirmó. La fiscal manifestó que no ha podido tener acceso al expediente que tiene el TSJ en su contra. «Esos que fingen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales», repitió. Y agregó: «Estoy obligada a respetar esta Constitución. Defender la Constitución en este país parece que es un crimen». Sobre su ausencia en el pleno del TSJ, argumentó que «no voy a convalidar un circo cuya decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!» y aclaró que desconoce también el nombramiento de la nueva vicefiscal.

Y es que, en paralelo, la sala constitucional del TSJ juramentó a Katherine Nayarith Haringhton Padrón como nueva vicefiscal de la República sin la autorización de la Asamblea Nacional. Con esta medida, el TSJ anuló la designación de Rafael González como vicefiscal de la República, quien fue ratificado por el Parlamento y la propia Ortega Díaz.

La corte chavista citó a la funcionaria a declarar ayer y aprobó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la congelación de cuentas y bienes, tras aceptar una solicitud de antejuicio que presentó el diputado oficialista Pedro Carreño, quien la acusa de «faltas graves» en el ejercicio de su cargo. Carreño sostiene que Ortega «mintió» al negar haber avalado la designación de 33 magistrados del TSJ en diciembre de 2015 por la antigua mayoría chavista en la Asamblea Nacional, antes de que la oposición tomara el control de la Cámara en enero de 2016.

En realidad, de abrirse el antejuicio, comenzaría un proceso de recogida de pruebas para luego decidir si la fiscal es destituida. Según la ley, esa decisión la debería tomar la Asamblea Nacional, pero, como el Supremo ha inhabilitado al Parlamento, serán los magistrados los que decidan la suerte que correrá Ortega. La posibilidad de un juicio a la fiscal general, confesa chavista enfrentada al presidente Maduro y su convocatoria de la Asamblea Constituyente, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Ello en medio de protestas opositoras que dejan más de 100 muertos en tres meses.

El viernes, la ONU consideró «muy preocupante» la decisión del TSJ, acusado por la oposición de servir a Maduro contra Ortega. Por otra parte, fiscales de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los asociados Chile y Perú– aprobaron una resolución en apoyo a su colega.