Maduro amenaza con expropiar a los empresarios que no ajusten sus beneficios

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a agitar el fantasma de las expropiaciones. El dirigente chavista amenazó así a los empresarios que no cumplan con la nueva Ley de Precios Justos, la cual fija un margen de beneficio no superior al 30% en cualquier actividad económica. El Gobierno venezolano aprobó esta ley recientemente con el objetivo de frenar la inflación, que terminó 2013 por encima del 50%. "Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender a nuestro pueblo. También confiscar", explicó el presidente Maduro.

Venezuela vivió un proceso de expropiaciones en 2007, cuando el Gobierno de Hugo Chávez emprendió intervino en los sectores petrolífero, eléctrico y alimentario. Dentro de esa estrategia, Chávez ordenó expropiar en 2010 la empresa española Agroisleña, una compañía de suministros agropecuarios con una plantilla de 2.400 empleados y una facturación de 900 millones de euros.

Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), su vicepresidente, Francisco Martínez, asegura en declaraciones a LA RAZÓN que la ley agravará "más aún el desabastecimiento y la crisis económica del país". Esta organización empresarial considera que "la ley confisca la voluntad de los venezolanos y va contra la Constitución; es un cheque en blanco para las expropiaciones, ya que el Gobierno se autoriza a nacionalizar cualquier actividad empresarial nacional". Fedecámara también considera que la nueva normativa ahuyentará la inversión internacional y provocará miedo entre los empresarios porque "prevé penas de cárcel de hasta 14 años sin juicio previo para quien la incumpla", asegura Martínez, quien explica que "todas las empresas expropiadas por el Gobierno han disminuido su capacidad productiva".

El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, considera, en cambio, que esta ley servirá para frenar la inflación y cree que "todos los empresarios ajustarán sus ganancias", por lo que no prevé "un escenario de nacionalizaciones"de empresas en Venezuela. En declaraciones a este periódico, Pérez Abad observa "un proceso de apertura del Estado para participar en la creación de empresas mixtas". Además, considera que la inversión extranjera seguirá llegando y pone como ejemplo los planes para invertir 40.000 millones de dólares en la explotación de la Franja Petrolera del Orinoco a partir de 2015.

El Gobierno venezolano mantiene actualmente una deuda millonaria con los propietarios de las empresas expropiadas en los últimos años, entre ellas Agroisleña. En 2013, el Estado tenía 17 procesos de arbitraje abiertos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Según Félix Barbero, presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela, el Ejecutivo venezolano ha expropiado en los últimos años bienes a unos 500 productores y empresarios de origen español afincados en Venezuela .