Maduro desata la caza de brujas contra la oposición

El chavismo muestra las primeras pruebas y la confesión de uno de los implicados en el ataque al presidente.

«El Gobierno tiene, en el supuesto atentado, la justificación necesaria para amplificar su versión del enemigo interno y externo. Verdad o mentira, Maduro ha encontrado un conveniente leitmotiv para victimizarse y para emprender una nueva ola de represión masiva», afirmó Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos de la ONG Provea, el mismo domingo en que Maduro llamaba a aplicar mano dura. «¡Justicia!, ¡Máximo castigo! Y no va a haber perdón, los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal que se olviden de perdón, los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder ¡Lo juro!», dijo el mandatario venezolano.

Traición a la patria, homicidio en grado de frustración, lanzamiento de explosivo, terrorismo, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Con esos delitos fueron imputados tres de los detenidos hasta ahora en Venezuela sospechosos de haber participado en el atentado que el Gobierno denuncia buscaba asesinar a Nicolás Maduro el 4 de agosto. En total, serían 19 implicados y siete detenidos: seis capturados durante el fin de semana, y un diputado opositor encarcelado el martes. En el primer grupo está Juan Carlos Monasterio Venegas, quien habría confesado los detalles de la operación.

El vídeo de esa supuesta confesión fue mostrado, junto a otros resultados de las investigaciones oficiales, en transmisión televisada nacional conjunta y obligatoria, aunque a Monasterio Venegas se le ocultó el rostro. Incluso después de haber mostrado su retrato. En la grabación, el acusado involucra a los parlamentarios Juan Requesens y Julio Borges, este último en el exilio desde febrero. Antes de que los nombres de los diputados fueran mencionados, ya la Policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), había entrado en la residencia del político. Hubo golpes y una detención, pero no se mostró orden judicial alguna, según relataron sus familiares. También fue apresada su hermana, Rafaela, presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, muy activa en las protestas de 2017, liberada horas más tarde.

El padre del legislador, Juan Guillermo Requesens, consideró la detención como un secuestro, al ser ejecutada sin presencia de autoridades judiciales y sin informar del paradero del joven. «Aparentemente debería estar en El Helicoide (la sede del Sebin), pero no lo sabemos», agregó al detallar que 40 hombres encapuchados cargaron con el diputado. Según la normativa legal vigente en Venezuela, los familiares de los detenidos deben ser informados en todo momento de la ubicación del arrestado, que además debe ser presentado en tribunales e imputados los cargos en un plazo no mayor a 48 horas. Además, Requesens goza de inmunidad parlamentaria, y no puede ser procesado judicialmente sin que la propia Asamblea Nacional lo autorice. Pero la poderosa asamblea constituyente se preparaba durante la tarde de ayer a levantarle la protección a Requesens. «Viene la justicia y viene con todo», bramó su presidente, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. También se preparaban para retirar la inmunidad a otro grupo de entre seis y ocho opositores más, lo que da idea de que puede ser sólo el principio de una cadena de detenciones.

Ya el fin de semana el Frente Amplio Venezuela Libre, una plataforma opositora, alertaba que se estaban abriendo las puertas «a una persecución y ola de represión que puede justificar cualquier cosa», afirmó uno de sus portavoces. Y el temor se cumplió. «Reprime primero y averigua después: el presunto atentado avizora la continuidad de políticas de detenciones arbitrarias, desapariciones express y encarcelaciones como en 2014, 2017 y las OLP», asevera Carlos Patiño, también defensor de derechos humanos en Venezuela.

Varias organizaciones también han llamado a constatar que los interrogatorios no sean realizados bajo coacción, tortura, tratos inhumanos y degradantes, como se ha denunciado en otros casos. En Venezuela ha quedado suspendida la presunción de inocencia. El Gobierno ha violado la reserva legal del caso, divulgando nombres, retratos y demás datos personales de los sospechosos, acusándolos como «culpables», sin haber sido sometidos a un juicio que así lo determine. Además, lo hizo, con un vídeo musicalizado.

El abogado penalista Jesús Ollarves explica que «los hechos que se están exponiendo por parte del Gobierno son muy graves, y se supone que debe existir una investigación protegida por reserva legal, que sirve para que los involucrados no sepan el camino de las averiguaciones pues se está tratando de determinar la verdad de lo ocurrido, los objetos utilizados y los involucradas. La exposición hecha ante los medios es una falla judicial y perjudica esa presunción de inocencia». El experto dice que, a partir de este punto, «lo que se puede esperar es cualquier tipo de arbitrariedad contra la oposición».

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, ha hablado de «atropellos» por parte de «la dictadura de Maduro». Pero «estas arbitrariedades no le van a dar legitimidad, por el contrario muestran su verdadero talante, ratifican su condición de autócrata violador de derechos humanos».