Napolitano dispuesto a declarar en juicio por un supuesto pacto Estado-mafia

El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, dijo hoy que declarará en el juicio que se celebra en el Tribunal de Palermo (Sicilia) para intentar esclarecer si el Estado italiano emprendió una negociación con la mafia siciliana en la década de los noventa.

En una carta dirigida al presidente del Tribunal y que ha sido publicada en la página web de la jefatura del Estado, Napolitano afirma que "estaría encantado de poder dar, si es capaz, una contribución útil en la búsqueda de la verdad procesal, independientemente de las reservas sobre la constitucionalidad contempladas en el artículo 205, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, alegadas por sus predecesores".

Este artículo es el que regula los casos en los que el presidente de la República debe prestar declaración.

Con todo, Napolitano expuso en su misiva el "límite de su conocimiento"en relación con el asunto sobre el que se le ha pedido declarar.

El Tribunal de Palermo admitió el pasado 17 de octubre la petición de la fiscalía de llamar a declarar a Napolitano como testigo de algunas conversaciones que mantuvo uno de los imputados, el exministro del Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, con Loris D'Ambrosio, el fallecido asesor jurídico de la presidencia de la República.

Napolitano fue citado porque durante 2011, Mancino, al conocer que era investigado, decidió pedir ayuda al presidente Napolitano y llamó varias veces al Quirinal, sede de la jefatura del Estado.

La magistratura intervino su teléfono y grabó las conversaciones de Mancino con Napolitano y Loris D'Ambrosio.

Napolitano apeló a la inviolabilidad del jefe del Estado y las cintas fueron destruidas por orden de la magistratura, por lo que no se hablará de ellas en el juicio, pero aún quedan como pruebas las conversaciones con D'Ambrosio.

Se trata de un proceso histórico, ya que se sientan en el banquillo miembros del gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años.

Los diez imputados son el entonces ministro del Interior y ex presidente del Senado Nicola Mancino, el exsenador Marcelo dell'Utri, brazo derecho de Silvio Berlusconi, y los antiguos responsables del cuerpo especial de los Carabineros del ROS, los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del exgeneral Giuseppe De Nonno.

A ellos se unen también los jefes mafiosos que aterrorizaron a Italia: Salvatore 'Totó' Riina, su estrecho colaborador Giovanni Brusca, el que fuera su médico personal Antonino Cinà y el mafioso Leoluca Bagarella.

El décimo imputado es Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, que con sus revelaciones y documentos heredados de su padre ha hecho que los jueces contasen con pruebas para reabrir el caso.

Excepto Mancino, acusado de falso testimonio, y Ciancimino, de asociación mafiosa, los otros imputados tienen que responder a los cargos de violencia o amenaza al Estado y de favorecer a la Cosa Nostra, la mafia siciliana.

El juicio buscará también las respuestas al atentado del 23 de mayo de 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de su escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.