Ofensiva política, social y judicial contra Boris Johnson

El cierre de Westminster provoca las primeras renuncias dentro del Partido Conservador. La maniobra se enfrenta a un doble recurso en los tribunales, mientras la oposición promete dar la batalla política

Británicos se manifiestan en contra de Boris Johnson/AP
Británicos se manifiestan en contra de Boris Johnson/AP

El cierre de Westminster provoca las primeras renuncias dentro del Partido Conservador. La maniobra se enfrenta a un doble recurso en los tribunales, mientras la oposición promete dar la batalla política

La decisión de cerrar el periodo de sesiones y dejar el Parlamento inactivo hasta el 14 de octubre ha convulsionado a Reino Unido. Las fracturas de la sociedad británica afloradas tras el referéndum de 2016 se agravaron el miércoles con el anuncio del secuestro del Parlamento durante cinco semanas. La magnitud del plan de Boris Johnson está todavía por descubrirse, pero sus efectos han empezado a sentirse y amenaza también con resquebrajar la unidad de su partido. La incomodidad del ala más moderada del Partido Conservador es patente, pero Boris Johnson permanece rodeado entre fieles.

El aguerrido portavoz conservador en la Cámara de los Comunes, el brexiter Jacob Rees-Mogg, salió ayer a defender al «premier» en los medios británicos. Aseguró que la medida es «completamente constitucional y adecuada» y definió a las voces críticas como una «nube de algodón azucarado». Pero no todo fueron halagos. La dimisión de la líder de los «tories» escoceses, Ruth Davidson, cayó como un trueno. Davidson era una figura en alza del Partido Conservador tras los buenísimos resultados obtenidos en las elecciones de 2017. Aunque la «tory» hizo hincapié en que la decisión se había tomado por razones familiares, sus desavenencias con Boris Johnson son de sobra conocidas. En su carta de renuncia admitió no haber «ocultado el conflicto que siente sobre el Brexit». No obstante, en Escocia votaron mayoritariamente a favor de la permanencia en la Unión Europea.

No fue la única dimisión. El delegado del Gobierno en la Cámara de los Lores , George Young, dimitió ayer de sus funciones por la prórroga del Parlamento. El que en su día fue ministro de Margaret Thatcher, se mostró «muy descontento con el momento, la duración de la prórroga y su motivación»». A lo que añadió que la decisión de Boris Johnson, «corre el riesgo de socavar el papel fundamental del Parlamento» en la política británica.

No se descartan nuevas dimisiones en los próximos días. Un buen número de ministros se mostraron feroces opositores a la medida en público. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, dijo que la idea de suspender el Parlamento va en contra de todo por lo que la han luchado sus ancestros, y en junio, Ambar Rudd, la ministra de Trabajo y Pensiones, describió la suspensión de la Cámara como «absolutamente indignante». «Si cerráis el Parlamento, cerramos la calle», advirtió.

Y no se equivocó. La población británica se ha movilizado en contra de la iniciativa, conscientes de que no tienen tiempo que perder. Más de un millón y medio de ciudadanos de Reino Unido han firmado ya una petición popular para instar al primer ministro, Boris Johnson, a no suspender durante cinco semanas el Parlamento. La solicitud «online» no tardó ni unas horas en alcanzar las 100.000 firmas necesarias para que deba ser sometida a debate en la Cámara de los Comunes.

En ella, se indica que el Parlamento «no debe ser prorrogado (suspendido) o disuelto a menos y hasta que el Artículo 50 haya sido suficientemente extendido o se cancele la intención del Reino Unido de abandonar la UE». Bajo lemas como «vosotros cerráis el Parlamento, nosotros cerramos la calle» o «salvemos nuestra democracia, paremos el golpe», miles de personas se manifestaron anoche durante horas ante el Parlamento como protesta por la decisión del líder tory.

«Momentum», el movimiento de las bases laboristas pro-Jeremy Corbyn, pidió protestas callejeras y bloqueos para detener lo que llamó un golpe de Estado. Por su parte, el líder laborista aseguró que el Parlamento «legislará de forma rápida» para detener un Brexit sin acuerdo. «Regresaremos al Parlamento el martes [día 3 de septiembre] para desafiar a Boris Johnson en lo que creo que es una incursión aplastante contra nuestra democracia», declaró a los periodistas. «Lo que vamos a hacer es tratar de detenerlo políticamente con un proceso parlamentario para legislar y evitar un Brexit sin acuerdo y también para tratar de evitar que cierre el Parlamento durante este período absolutamente crucial». La opción más apoyada es la de forzar un debate de emergencia que obligue a retrasar la fecha de salida más allá del 31 de octubre y esquive el Brexit duro. NO obstante, esa ley necesita una sanción real y el Gobierno es el encargado de poner en marcha este trámite. Boris Johnson tiene la última palabra y jugará las cartas a su favor.

Los esfuerzos también se centran en la vía jurídica. La empresaria y activista anti -Brexit Gina Miller ha puesto en marcha un procedimiento legal a fin de evitar la suspensión del Parlamento. Miller cargó ayer contra Boris Johnson: «Ha secuestrado el poder prerrogativo de la reina» a fin de emplearlo para «fines sin escrúpulos». Las sesiones parlamentarias se reanudarán el próximo martes y, según la nueva agenda, el 10 de septiembre el parlamento podría ser cerrado hasta el 14 de octubre.

Por otro lado, se espera que hoy el Tribunal de Sesiones de Edimburgo anuncie si considera legal la decisión del primer ministro británico. La corte civil de mayor rango de Escocia celebró ayer una vista que duró alrededor de tres horas sobre una demanada previa y estuvo presidida por el juez Lord Doherty, quien, tras escuchar a las partes, avanzó que anunciará su decisión a partir de las 09.00 GMT del viernes nueve de la mañana.

La demanda fue presentada por más de 70 diputados británicos a inicios de agosto para solicitar que se establezca la legalidad de la decisión de Johnson de clausurar la Cámara. El tribunal debía pronunciarse el 6 de septiembre, pero, ante los últimos acontecimientos, los parlamentarios solicitaron lo que se conoce como un «interdicto provisional», de forma que su decisión se conociese antes de esta vista. Entre los firmantes de la demanda, que encabeza la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, está la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes.