Ortega paga con tierras el apoyo de los paramilitares en Nicaragua

El presidente de Nicaragua promueve la confiscación de terrenos a empresarios que le dieron la espalda y los cede a los violentos, que cobran también por «vigilar» los barrios de las ciudades.

De la noche a la mañana, personas armadas con escopetas, pistolas y armas de fuego artesanales están invadiendo lotes de tierras de líderes empresariales que han condenado al régimen de Daniel Ortega por desatar una represión que ya contabiliza más de 448 asesinatos desde abril, cuando estallaron las protestas que exigen su salida del poder. Las invasiones de tierra han tenido lugar en al menos siete departamentos: Managua, la capital, Chinandega, Estelí, León, Matagalpa, Rivas y Granada, según explicó el líder de los empresarios, José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organización que ha dado la espalda al Gobierno.

Para algunos analistas consultados, las tomas de tierras son un método de pago para las fuerzas paramilitares que el Gobierno de Ortega formó para aplacar a sangre y fuego a los protestantes en distintas ciudades. En total, según cifras de los empresarios, el Ejecutivo ha promovido la invasión y toma de 5.169 hectáreas de tierras que pertenecen a 37 productores agremiados al Cosep. Los productores han informado de que han logrado recuperar 1.161 hectáreas, pero que 4.008 todavía siguen en poder de los «toma tierras».

Durante diez años, el Gobierno mantuvo con el Cosep un modelo de diálogo y consenso en el que solo se abordaban aspectos económicos y no la situación institucional y política del país. Pero esa relación se rompió cuando con la crisis desatada en abril se pusieron del lado de la población. Entre los empresarios más afectados se encuentran la Fundación Coen, uno de los grupos económicos más fuertes de Nicaragua, tres de cuyas propiedades fueron invadidas este último fin de semana, para un total de seis desde junio pasado. Otro de los perjudicados es Michael Healy, representante en la mesa de Diálogo Nacional, que en la actualidad se encuentra en suspenso porque el presidente ha atacado y tildado de «golpistas» a los obispos, que actúan como mediadores.

Las personas que ocupan las tierras actúan con violencia ante la pasividad de la Policía Nacional. Los «toma tierras» tampoco permiten el acceso a los periodistas independientes. Ellos alegan que «tienen derecho» a la misma y que «somos mandados» o «hemos luchado junto con el Frente Sandinista». A estos «toma tierras» se les ha visto engordar los actos públicos que realiza el Gobierno orteguista. «Esto evidencia el gran deterioro que ha tenido el partido gobernante en sus bases. La gente los repudia y quieren ganar adeptos a fuerza de un delito: de inducir a las personas a cometer actos contra la Ley, a involucrarlos en el robo, en afectar la propiedad privada y dañar la imagen del país», explicó el ex diputado y ex aliado de Ortega Agustín Jarquín Anaya.

Para el ex procurador de Justicia Alberto Novoa, estas apropiaciones se dieron cuando el pueblo se desbordó y el Gobierno estaba prácticamente con el agua al cuello. Una forma de reaccionar fue «tomemos tierras porque esto nos va a dar apoyo popular».

El génesis de los paramilitares tuvo lugar después de que la Policía Nacional –principal órgano represor de Ortega– se viese rebasada por los manifestantes que se lanzaron a las calles, bloquearon las carreteras de todo el país y organizaron manifestaciones pacíficas en las ciudades. Las calles de los barrios fueron cerradas con barricadas y se derribaron más de 20 árboles de la vida, símbolo de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Entonces se creyó que el presidente estaba derrotado. Sin embargo, hay pruebas de que en al menos tres ciudades se realizaron reuniones de reclutamiento de estas fuerzas de choque, encabezadas por retirados del Ejército y ex combatientes de los 80.

El ex mayor del Ejército Roberto Samcam explicó que las fuerzas paramilitares de Ortega las conforman trabajadores estatales, miembros del Partido Sandinista y desmovilizados del Ejército cuyo pago han sido lotes de tierra. Una fuente en la Procuraduría General de la República filtró a LA RAZÓN que los paramilitares están llegando a esta institución pública para legalizar los lotes que se han tomado. Los trámites se están ya realizando. En algunos barrios del país se ha confirmado que miembros de estas fuerzas paramilitares también están ofreciendo servicios de «vigilancia» a los pobladores. Generalmente son personas armadas y desconocidas que cobran a cambio de seguridad, como una especie de impuesto partidario. «Son pobladores pobres a quienes les han permitido tomarse tierras a cambio de participar en estos grupos. También están compuestos por pandilleros reclutados a cambio de quedarse con los botines, producto del pillaje, vandalismo y robo a la propiedad privada», añadió Samcam.

José Adán Aguerri calificó las invasiones de tierra como «confiscaciones». «Entre los propietarios afectados no se conoce ningún allegado al partido de Gobierno. Desde el sector privado hemos denunciado esta nueva vulneración al estado de Derecho y que es una medida de represión dirigida ante las circunstancias que estamos viviendo en el país», acusó el dirigente empresarial.