Otra estocada del chavismo a los españoles de Venezuela

El ministro de Exteriores venezolano, Elías Jaua, y su homólogo español, José Manuel García-Margallo, se reunirán hoy en Madrid para normalizar las relaciones entre los dos países después de la embestida del Gobierno venezolano contra España tras la discutida victoria electoral de Nicolás Maduro. "Saque sus narices de este país", le espetó el presidente chavista a Margallo, cuando éste se ofreció para mediar en la crisis política que vive el país. Jaua mantuvo la semana pasada un encuentro en Guatemala con el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, y ahora, el canciller venezolano se convierte en el primer representante del Gobierno de Maduro que visita España.

En la agenda bilateral que abordarán hoy figura el espinoso asunto de la expropiación de bienes de españoles y especialmente de la ocupación de fincas por parte del Estado con el argumento de que son improductivas. "Llevamos diez años con este asunto y hay que buscar una solución", explicó ayer el senador del PP Dionisio García Carnero. La política confiscatoria del chavismo ha afectado en los últimos años a unas 500 productores y empresarios de origen español establecidos en este país, asegura Félix Barbero, presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela.

Barbero explica que el Gobierno socialista de Chávez no sólo ha nacionalizado empresas sino también edificios, apartamentos, casas, naves industriales y tierras de ciudadanos españoles que en muchos casos tienen la doble nacionalidad. La mayoría de ellos de ellos nacieron en Canarias y emigraron hace décadas a Venezuela.

Según Barbero, el Estado venezolano adeuda a los españoles venezolanos entre 10.000 y 15.000 millones de euros en compensación por las propiedades nacionalizadas. El caso emblemático es el de Agroisleña, empresa española dedicada al suministro de maquinaria agrícola, fundada hace más de cincuenta años por un canario y que hasta el momento de su expropiación en 2010 ocupaba a 2.500 personas y facturaba 900 millones de euros. Chávez nacionalizó la compañía y desde entonces los propietarios esperan una indemnización del Gobierno.

El último caso conocido de confiscación a un empresario español se produjo el pasado 30 de mayo, cuando una comisión del Instituto Nacional de Tierras entró en la finca del ganadero Antonio Ruiz Zapata, un terreno de 1.500 hectáreas con 2.700 reses en el estado de Yaracuy, para comunicarle la apertura de un procedimiento de declaración de tierra ociosa, previo paso para su confiscación. Según Magditere Chirinos, abogada de Ruiz Zapata, estas tierras están valoradas en diez millones de dólares.

"En materia agraria, el Gobierno no expropia sino que hace algo peor", afirma a LA RAZÓN un abogado venezolano que pide el anonimato. "Las autoridades abren un procedimiento de rescate de tierras, lo que significa que el propietario no tiene derecho a una indemnización, como sí sucede cuando se trata de una expropiación", explica la misma fuente.

Hace dos años, ocho propietarios españoles desposeídos de sus tierras lograron una compensación del Estado tras una huelga de hambre frente al consultado español. Barbero critica que el Gobierno chavista "lleva a cabo apropiaciones indebidas"cuando confisca "tierras productivas porque te quitan y no te pagan", y añade que "en muchos casos se hace con violencia ya que entran en las fincas individuos armados enviados por el Gobierno".

Durante el chavismo, el Gobierno ha nacionalizado entre cuatro y cinco millones de hectáreas. Para Barbero, estas actuaciones violan el acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones firmado en 1995 por España y Venezuela, el cual entró en vigor en 1997. Amparándose en este acuerdo, el presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela entregará en los próximos días una carta al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, en la que solicita la protección del Gobierno español para "salvar de una situación penosa a más de 500 familias españolas de la ruina total".