Otra vuelta de tuerca a la política de asilo

La llegada masiva de refugiados el año pasado y el crecimiento de los partidos populistas ha forzado a los Gobiernos del centro y el norte de Europa a endurecer su política migratoria y de asilo.

Suecia

Con una larga tradición de acogida de los perseguidos, Suecia se ha visto obligada a restringir su política de asilo tras recibir el año pasado 163.000 solicitudes (el 1,63% de su población), más que ningún otro país europeo en términos per cápita. Ante unos servicios sociales desbordados, el Gobierno rojiverde y la oposición conservadora pactaron que durante los próximos tres años sólo se concederá la residencia temporal a los refugiados y que la reagrupación familiar sólo será posible para aquellos migrantes que dispongan de recursos económicos suficientes para mantenerlos. Las autoridades calculan que gastarán 50.000 millones de coronas (5.381 millones de euros) en la integración de los refugiados, lo que equivale al 1% del PIB sueco.

Dinamarca

Como su vecino nórdico, Dinamarca también ha endurecido su política de asilo para que el país sea menos atractivo para los refugiados. Una nueva ley recorta las ayudas sociales y restringe el derecho a la residencia a aquéllos que no hagan los esfuerzos suficientes para integrarse al mercado de trabajo y dominar el idioma. Sin embargo, la medida que más revuelo ha despertado ha sido la norma que confisca bienes a los solicitantes de asilo con bienes superiores a las 10.000 coronas (1.340 euros) para hacer frente a los gastos que supone su acogida. Hasta ahora, la Policía no ha hecho uso de la ley, que fue aprobada con el apoyo de la oposición socialdemócrata.

Austria

Superada en los sondeos por la derecha xenófoba, la Gran Coalición que gobierna en Austria ha decidido dar un giro copernicano a su política de acogida. Un año después de abrir sus fronteras a los refugiados procedentes de Hungría en su camino a Alemania, Viena ha limitadoº el número de solicitantes de asilo a un tercio, frente a las 90.000 alcanzadas en 2015. Una nueva ley permite al Gobierno decretar el estado de «emergencia» para rechazar a los migrantes en la frontera. Los perseguidos serán considerados refugiados provisionales durante tres años. Sólo entonces se revisará su situación en sus países de origen antes de prolongar o no su estancia en Austria.