Pucherazo chavista para aplastar el referéndum

El oficialismo acusa de fraude a la oposición y comienza a «revisar» los casi dos millones de firmas recogidas para exigir el revocatorio contra Maduro

La sede del Consejo Nacional Electoral alberga decenas de cajas con las firmas de casi dos millones de venezolanos que quieren que Nicolás Maduro sea expulsado del poder este mismo año. Ni los ciudadanos ni la oposición están dispuestos a que el chavismo dilate más los tiempos de este proceso –el último recurso para despojar al presidente de su cargo–, mientras que el oficialismo insiste en la tesis de que el referéndum revocatorio no se produzca, al menos, en 2016. Por este motivo, el Gobierno busca todo tipo de artimañas para llevar a cabo un gran pucherazo que permita alargar los plazos y que así, aunque finalmente Maduro sera revocado, le suceda un chavista hasta el final del mandato en 2019. Si el revocatorio se lleva a cabo después del 10 de enero de 2017 y si Maduro es finalmente revocado, el vicepresidente debe culminar el mandato, o incluso el día antes del cambio de mando, Maduro podría nombrar a cualquiera para sustituirle, incluso a su esposa Cilia Flores como la segunda en el escalafón del régimen y así ésta heredaría el mandato al irse él.

Ahora, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz; Diosdado Cabello, el segundo hombre de poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela; y Jorge Rodríguez, jefe de campaña del oficialismo en todas las contiendas electorales, insisten en que no habrá consulta. «Ellos [por la oposición] saben que aquí no va a haber referéndum. Primero, porque lo hicieron tarde; segundo, porque lo hicieron mal, y tercero, cometieron fraude», aseguró Istúriz en un acto institucional. Pese a todos esos argumentos que dio el vicepresidente, ayer comenzó el proceso de verificación de firmas para la activación del revocatorio a petición del partido del Gobierno y en complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) con Maduro. Desde muy temprano, técnicos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática y técnicos oficialistas acudieron al centro tecnológico para iniciar el proceso de digitalización de las papeletas, para posteriormente hacer la verificación de identidad de los solicitantes.

El CNE se rige por en un reglamento que regula los referendos revocatorios, previstos en la Constitución. No obstante, el oficialismo quemará hasta el último cartucho para tumbar la consulta. En primer lugar, utilizará la presunta suplantación de identidad, lo que se denominan «firmas planas», que no serían más que varias rúbricas de una misma persona. Así intentará invalidar la mayor cantidad de firmas posible. Conocedores de las argucias chavistas, la oposición se blindó al presentar 1,8 millones de firmas, diez veces más de lo exigido.

Precisamente, el jefe de la comisión designada por el régimen, Jorge Rodríguez, aseguró que entre las rúbricas entregadas hay algunas no válidas: «Hoy comienza el proceso de digitalización de todas las firmas, ahí vamos a encontrar a los que no están en el Registro Electoral, a los que están fallecidos y aparecen firmando, a los que no tienen huella dactilar, a los que vienen con huella defectuosa». «Esto es un fraude a la ley, ésta es una operación fraudulenta que no está dirigida a activar el mecanismo porque la derecha sabe que es imposible que se haga un referéndum este año», dijo.

La oposición confía en que antes de noviembre se lleve a cabo el revocatorio y que para principios de 2017 haya un nuevo Ejecutivo. De acuerdo al reglamento de referendos revocatorios, deben transcurrir 280 días desde que se hace la solicitud hasta que se realice la consulta. Para Jesús «Chúo» Torrealba, secretario de la MUD, el escenario del revocatorio es la única solución sostenible para un cambio. «En Venezuela va a haber cambios, independientemente de la posición del Gobierno porque la situación económica y social es insoportable. El tema del referéndum es que ese cambio sea encauzado de forma constitucional», aseguró ayer a LA RAZÓN.