Rousseff da marcha atrás y anula el referéndum constitucional

Menos de 24 horas después de que Dilma Rousseff anunciara el plebiscito para reformar la Constitución, las críticas de abogados y magistrados en Brasil le hicieron desistir de la iniciativa. Confrontada con la mayor protesta en dos décadas, en reclamo de mejores servicios públicos y el fin de la corrupción arraigada en la clase política, Rousseff anunció el lunes un paquete de propuestas que van desde un referendo que convoque a una Constituyente para implementar reformas políticas a mejoras en Sanida, Educación, Transporte, así como responsabilidad fiscal en todos los niveles de Gobierno.

Los abogados creen imposible jurídicamente, y dudosamente constitucional, que los cambios se hagan a través de un plebiscito en el que el pueblo responda «sí» o «no» a propuestas como la financiación de campañas políticas, renovación parlamentaria en dos elecciones y el voto con lista cerrada, entre otras modificaciones.

Por el contrario, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, adelanta que Rousseff podría atender una sugerencia del colegio de abogados, que propone la convocatoria de un plebiscito, pero sin necesidad de una Asamblea Constituyente, para que la población opine sobre la forma y contenido que debe tener la reforma. «La marcha atrás» calentó aún más las manifestaciones programadas para ayer en ciudades como Belo Horizonte, Sao Paulo y Goiania, convocadas para denunciar la corrupción y los gastos en estadios del Mundial, en vez de en Sanidad o Educación.

En Nova Holanda, una favela de la zona norte de Río de Janeiro, al menos nueve personas murieron, entre ellos un sargento de la Policía, en un enfrentamiento registrado entre agentes y miembros de una banda de narcotraficantes. Los delincuentes aprovecharon las protestas para saquear varios comercios.

Rousseff dijo «escuchar la voz de la calle» y puso la presión en el Congreso, único poder que puede convocar un plebiscito, y donde por falta de apoyo languidecen los proyectos impulsados por el Gobierno para reformar el sistema político, endurecer las penas contra la corrupción y aumentar la inversión en Educación. «La reforma política está bloqueada desde hace 20 años porque los políticos sólo están interesados en crear leyes que favorezcan su reelección», dijo David Fleischer, analista político de la Universidad de Brasilia.

La propuesta de una consulta popular ya fue lanzada por el ex presidente Lula da Silva y apoyada por Rousseff en su campaña electoral en 2010. Sin embargo, la Constitución no prevé la convocatoria de una Constituyente para realizar una reforma puntual de la Carta Magna y no existe un consenso entre los principales partidos. Estos errores de cálculo desataron las iras de la oposición. «No hay humildad para reconocer errores (...) La presidenta tergiversa y actúa como si hubiese asumido hoy, olvidándose de que este Gobierno está en el poder hace 10 años. Este Gobierno no asume sus responsabilidades y las transfiere a terceros», dijo el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aecio Neves.

Los sindicatos también retan al Gobierno

Las principales centrales sindicales de Brasil convocaron ayer una jornada nacional de protestas y paralizaciones para el 11 de julio, con el fin de reforzar sus reivindicaciones ante el Gobierno. «No séra una huelga general, sino una jornada de luchas, con paralizaciones, algunas huelgas y muchas movilizaciones», dijo a Efe un portavoz. «Será el día nacional de lucha con huelgas y movilizaciones en todos los estados del país», afirmó el presidente de la Força Sindical, Paulo Pereira da Silva.