Rousseff trata de contener la desbandada de sus socios

Contra las cuerdas, la presidenta intenta mantener a los ministros de la coalición y apuesta por la batalla judicial para sobrevivir al «impeachment»

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, intenta frenar la salida en bloque de otros partidos minoritarios de la coalición tras la retirada del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su principal aliado, mientras apuesta por recurrir a la batalla judicial para sobrevivir al «impeachment». La Rousseff más combativa y correosa, que rememora a la guerrillera marxista que combatió la dictadura militar y fue torturada, emergió ayer en un discurso público con motivo de la extensión del plan de vivienda social. Volvió a calificar de «golpe» las iniciativas legislativas de la oposición para celebrar un juicio político, y defendió su legado y el del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en materia de políticas sociales.

«Es absolutamente de mala fe decir que cualquier ‘‘impeachment’’ es correcto. Para que lo sea, la Constitución exige que haya un crimen de responsabilidad. ‘‘Impeachment’’ sin crimen de responsabilidad, ¿qué es? ¡Es golpe!», dijo Rousseff, coreada por miembros de los movimientos sociales y varios de sus ministros presentes en el acto en Brasilia al grito de «¡No va a haber golpe!». «Respetamos los derechos del pueblo brasileño y uno de ellos es la democracia. No cayó del cielo la democracia en Brasil. Fue conquistada con mucho empeño y con gran participación de todos los brasileños que durante años resistimos, metabolizamos y engullimos la dictadura. Los que quieren interrumpir el mandato legal serán los responsables por retrasar la recuperación económica y del empleo», insistió Rousseff, cuya popularidad se mantiene en niveles cercanos a los mínimos históricos. Una encuesta publicada ayer indicaba que ocho de cada diez brasileños no confía en ella para mejorar la situación de crisis político-económica que vive el país, mientras el 70% de la población considera su Gobierno malo o nefasto.

Tras la salida del PMDB, hasta entonces su principal aliado, el Ejecutivo trabaja para articular una nueva coalición con formaciones minoritarias. Rousseff está dispuesta a entregar ministerios y secretarías a los partidos que, en el corto plazo, se comprometan a votar contra el «impeachment» cuando llegue al plenario de la Cámara Baja, algo que debería suceder en torno al 15 de abril. No está descartado que Rousseff y Lula –figura clave en la negociación con otros partidos– logren mantener en el Ejecutivo a los seis ministros todavía en el cargo que son miembros del PMDB, a pesar de que el partido centrista dio ayer la orden de dejar en bloque el Gobierno federal.

La ministra de Agricultura, Katia Abreu, ya ha dicho públicamente que rechaza abandonar su cartera, y parece que no será la única. De esta forma, se abre la vía para que el Gobierno pueda incidir en la división interna del PMDB y arañe el apoyo de algunos de sus parlamentarios contra el juicio político. La dirección de la formación centrista, la más votada en las últimas elecciones, dijo ayer sin embargo que no permitirá el desacato y amenazó con sanciones disciplinares a los ministros que no salgan.

En paralelo a la batalla política, Rousseff apunta a que abrirá también una judicial. La presidenta y su gabinete han dejado claro que consideran el «impeachment» un recurso previsto constitucionalmente, pero matizan que en este caso es ilegal, porque no se habría cometido crimen alguno. Se trata de una estrategia para vaciar de legitimidad jurídica el juicio político y presentarlo ante la sociedad –y probablemente ante el Supremo Tribunal Federal– como una artimaña política. La oposición, sin embargo, cree que sí hubo una violación de la ley cuando el Gobierno recurrió a maniobras contables para evitar incumplir la ley de responsabilidad fiscal.