Sarkozy, imputado por la financiación con dinero libio de su campaña de 2007

Nicolas Sarkozy fue ayer inculpado por «corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y encubrimiento de fondos públicos libios» y fue puesto bajo control judicial. Por estos delitos, el ex presidente francés podría ser condenado hasta con prisión firme, pero para eso antes la instrucción debe terminar en un proceso. Con esta inculpación, podrá acceder por primera vez a los elementos en manos de los investigadores, que sospechan de una financiación libia de su campaña electoral de 2007.

A las siete de la tarde de ayer, los policías que investigan una posible financiación por parte de la Libia de Gadafi dieron por concluido su trabajo. Los jueces se desplazaron hasta las oficinas de la policía judicial en Nanterre para comunicar al ex presidente su inculpación. El interesado niega todas las acusaciones, aunque no ha trascendido ningún detalle sobre su comparecencia ante policías y jueces.

La naturaleza de las relaciones entre Sarkozy y Gadafi han estado en el meollo de las investigaciones policiales que han llevado al antiguo presidente de Francia a ser detenido durante dos días para ser sometido a un interminable interrogatorio que ha durado en total 25 horas. Los dos hombres se conocían desde que el político conservador había asumido la cartera de Interior tras sus encuentros para regular la inmigración procedente de Libia, y distintos indicios y testimonios han llevado a los jueces a pensar que pueden existir elementos delictivos.

Sarkozy compareció en calidad de detenido porque los agentes tenían muchas cuestiones que plantearle. Aun así, ha disfrutado de un trato de favor porque se le permitió volver a casa para pasar la noche, y regresar ayer por la mañana para una nueva ronda de preguntas maratoniana. Los especialistas no hablaban de situación excepcional. Normalmente, cuando una persona es detenida para un interrogatorio pasa la noche en el calabozo, pero el fiscal o el juez pueden decidir otra cosa. El hecho de que los jueces decidieran trasladarse a la Oficina de Lucha contra la Corrupción, donde se hallaba Sarkozy, en lugar de que fuera llevado ante ellos, parece ser un nuevo gesto de deferencia contra el ex jefe de Estado.

La dirigente socialista Ségolène Royal, que fue contrincante de Sarkozy en las elecciones presidenciales de 2007 ha reaccionado a los acontecimiento preguntándose si «el partido fue con armas iguales», y en un tuit dice pensar en «los millones de ciudadanos que tienen el derecho de saberlo».

El conjunto de los políticos conservadores se mostraban ayer prudentes ante la suerte de quien fue su líder, y sigue siendo una referencia para los militantes de Los Republicanos (LR). Aunque el que fuera primer ministro del ex presidente Jacques Chirac Jean-Pierre Raffarin lamentó el «espectáculo» de la detención de Sarkozy, y aseguró que había decidido «no dudar» por respeto a la presunción de inocencia, «pero sobre todo porque me parece cada vez más inquietante que nuestra Justicia no parezca serena en los 'affaires' políticos».

También la ultraderechista Marine Le Pen atacó a los jueces. La presidenta del Frente Nacional cuestionó la «neutralidad» de uno de los jueces que instruye este caso, Serge Tournaire, porque «se ha comprometido, como otros jueces de instrucción que asumen casos que afectan a políticos, en un apoyo al sindicato de la magistratura». Este organismo estuvo envuelto en su día en una viva polémica porque en sus locales tenían un tablón de anuncios llamado «El muro de idiotas», en el que figuraban numerosas fotografías, la mayoría de políticos de derechas.

Pero si algo caracteriza a Tournaire es su discreción. Lleva ocho años instruyendo los casos que llegan al polo financiero, entre otros, el «affaire Bygmalion», un asunto en el que Sarkozy ha sido procesado y enviado ante el tribunal correccional por financiación ilegal de la campaña electoral de 2012 en la que se enfrentó al socialista François Hollande. El líder conservador es sospechoso de haber sobrepasado el límite legal de gastos durante la campaña y la Justicia busca saber si su partido, la Unión por un Movimiento Popular, y la agencia de comunicación Bygmalion establecieron un sistema de facturas falsas para ocultar un exceso de gasto de 18,5 millones de euros.