Sarkozy será juzgado por la financiación de la campaña de 2012

El ex presidente habría usado facturas falsas para ocultar que había excedido el gasto legal.

Nicolas Sarkozy será juzgado por financiación ilegal de su campaña electoral de 2012. El juez de instrucción, que investigaba los gastos de campaña y el sistema de facturas falsas de la sociedad de eventos Bymalion, ha decidido presentar al ex presidente francés y a otras 13 personas ante el tribunal correccional. El juez reprocha a Sarkozy haber sobrepasado conscientemente el límite legal de gastos electorales durante la campaña para su reelección. Para garantizar la igualdad entre todos los candidatos los gastos no debían ser superiores a 22,5 millones de euros. A pesar de que los expertos contables le habían indicado que estaban llegando al límite, «Sarko» ordenó que se siguieran organizando mítines espectaculares que supusieron un sobrecoste de entre 15 y 20 millones de euros.

Para disimular estos gastos fuera del límite legal, se ideó un sistema de facturas falsas que permitía que el grueso de los gastos corrieran a cargo del partido, el Movimiento Popular (UMP), mientras que una mínima parte era incluida en los gastos de campaña del candidato. Sarkozy no está acusado de tener conocimiento de este gigantesco sistema de fraude, pero el juez considera probado que no podía ignorar que habían sobrepasado el límite. El experto contable de la campaña hizo llegar varias notas al ex presidente alertando de que se habían gastado el dinero que la Ley permitía, algo que éste «desmiente formalmente», según su abogado, Thierry Herzog. Sin embargo, un SMS que se enviaron dos miembros de su equipo de campaña decía: «No tenemos más dinero, JFC ha hablado al PR ». JFC son las iniciales de Jean-François Copé, que entonces estaba al frente del partido UMP, y PR responde a «presidente de la República».

Además de Sarkozy, otras trece personas implicadas en el «affaire» serán juzgadas por delitos de falsedad, abuso de confianza o encubrimiento, estafa y complicidad de financiación ilegal de campaña. Entre los acusados se encuentra el que fue director de su campaña presidencial, Guillaume Lambert, y su director adjunto, Jérôme Lavrilleux, así como los directivos de la sociedad de comunicación Bygmalion, encargada de organizar los mítines. Tanto Lavrilleux como los directivos de Bygmalion han reconocido los hechos, pero no el resto de acusados.

El ex presidente, que se encuentra en el extranjero, no va a acortar su estancia para regresar a Francia. Su abogado ha revelado que la orden de envío ante el tribunal correccional sólo ha sido firmada por el juez Serge Tournaire. El otro magistrado instructor, Renaud Van Ruymbeke, no ha firmado la orden, permitiendo a Sarkozy contestar su envío para ser juzgado por el tribunal correccional. Según Herzog, «este desacuerdo manifiesto entre los dos magistrados es un hecho rarísimo que ilustra la vacuidad de esta decisión».

El abogado de la asociación anticorrupción Anticor, que se ha constituido como parte civil, está convencido de que el hecho de que sólo un juez haya firmado el envío a juicio «no cambia nada», aunque sí puede retrasar el proceso. Uno de los acusados, Jérôme Lavrilleux, indicó ayer en BFMTV que desea la celebración del juicio lo más rápidamente posible: «No tengo nada que perder con un proceso. La Justicia me da razón». El delito de financiación ilegal de campaña electoral puede ser castigado hasta con un año de prisión y 3.750 euros de multa.