El chavismo toma la Asamblea y consuma el golpe de Estado

Los diputados oficialistas se instalan en el Parlamento venezolano para reformar la Carta Magna y perpetuar la revolución bolivariana y a su líder.

El oficialismo instaló ayer en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a pesar de las denuncias de irregularidades tanto en la convocatoria como la instalación de esta instancia. Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones de la sede del Parlamento, de mayoría opositora, fueron tomadas por el personal y los medios de comunicación del Estado. Allí se colgaron de nuevo los cuadros de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Por su parte, la oposición marchó desde tres puntos de Caracas hacia el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en rechazo a la instalación de ANC. De hecho la avenida Libertador, principal autopista, amaneció cortada por la instalación de una tarima para un acto oficialista.

Tras una entrada «triunfal» de los chavistas, portando rosas en las manos y fotomontajes de Bolívar y Chavez, la oficialista Delcy Rodríguez, nombrada presidenta de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, convocó para hoy la primera sesión del «poder plenipotenciario», con el fin de iniciar cuanto antes el proceso que reformará la Constitución venezolana y reordenará el Estado. Acompañada en todo momento por Diosdado Cabello y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, Rodríguez ordenó notificar a todos los poderes públicos del país que se ha instalado la Constituyente, que en su primera sesión actuará en nombre del «poder originario del pueblo de Venezuela», según indicó en su primer discurso como presidenta de este órgano. «Vinimos aquí no a destruir nuestra constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que nos han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución», dijo. La propuesta fue hecha por el dirigente chavista Diosdado Cabello y acogida por los 538 representantes del pleno que acudieron al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para la apertura de sesiones. La primera vicepresidencia de la ANC la asumirá el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz y la segunda estará a cargo del ex fiscal Isaías Rodríguez.

Los actos institucionales de los constituyentes se celebrarán en el Salón Elíptico del Capitolio venezolano, un apéndice de la sede legislativa que depende del Ejecutivo, pero que comparte la edificación con la Cámara, controlada hasta ahora por los diputados opositores.

Delcy Rodríguez se convierte en una persona clave porque el presidente de la ANC –para la oposición fraudulenta– será quien dirija la redacción del nuevo acuerdo bajo el cual se gobiernen los venezolanos. Es la persona que en teoría debería dirigir el país, ya que según la constitución de 1999, los poderes de la Asamblea están por encima del resto, incluidos los del presidente Nicolás Maduro.

Los venezolanos se preguntan ashora si la Asamblea estará en manos de la corriente «radical» del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, o del ala más «moderada» de Maduro. Los especialistas consultados por LA RAZÓN aseguran que la mayoría de los asambleístas son más cercanos al presidente. Además Delcy Rodríguez podría convertirse en un perfecto títere para Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores. La ANC se plantea como un acuerdo originario de la nación, un «suprapoder», por lo que todos los esquemas del Estado pueden ser modificados.

El artículo 349 de la actual Constitución establece que los poderes constituidos «no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente». El Gobierno se valdrá de ella por tanto para consumar el golpe de Estado, ya que, como dijo desde el anuncio de la Constituyente, tiene varios objetivos: conseguir la paz, consolidar el Estado comunal ideado por Chávez y reformar el sistema judicial. Los mismos portavoces del oficialismo han manifestado la intención de, por ejemplo, remover de su cargo a la fiscal general, Luis Ortega Díaz, quien tras años de afinidad al oficialismo hoy es la más prominente crítica del Gobierno dentro de las estructuras del Estado. El Ministerio Público intentó que se aprobaran sanciones penales y políticas, respectivamente, contra el directorio del Consejo Nacional Electoral y demás altos funcionarios relacionados con la organización y realización de unaelección constituyente el 30 de julio. De hecho el miércoles en la noche, la fiscal general desestimó la cifra de 40,1% de participación anunciada por el CNE y consideró posible «que ni siquiera haya participado el 15% de los electores». Una nota de prensa del Ministerio Público indica que la solicitud se basa en «los señalamientos del director ejecutivo de la empresa Smartmatic, Antonio Múgica, en torno a la presunta manipulación de los resultados».

Muchos especialistas consideran esta ANC como una medida en la «línea cubana», de la cual Maduro es un declarado admirador. De hecho el Gobierno ha demostrado técnicas similares. Ayer funcionarios públicos denunciaron que fueron despedidos este jueves porque no votaron en la elección de la Constituyente. «Me botaron [echaron] como a una perra después de 32 años de servicio intachable», narró bajo condición de anonimato una de las afectadas del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

También han declarado los nuevos asambleístas que esperan inhabilitar y detener a dirigentes opositores que consideren criminales. Es probable que asimismo se disuelva la Asamblea Nacional. La oposición ha calificado a la ANC de fraudulenta, porque se omitió un referéndum para preguntar al pueblo si quería o no convocarla y porque en la elección de los constituyentes la empresa a cargo del sistema de votación denunció una «manipulación» de los resultados. El reto de la oposición ahora es mantener las calles calientes. LA RAZÓN ha comprobado cómo en las últimas semanas la afluencia en las manifestaciones bajó significativamente. Las protestas convocadas ayer por la MUD fueron reprimidas por el régimen y causaron una decena de heridos. En Chacaíto, en el este de Caracas, decenas de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana a bordo de motocicletas dispararon perdigones de goma contra los manifestantes.